El Gobierno de Javier Milei clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según lo establecido en el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial. La disposición, firmada por el Presidente y el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantiene bajo reserva los detalles de la operación, incluidos el tipo de material que se adquirirá, el proveedor y el monto comprometido.
La decisión se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales y la soberanía de las islas Malvinas. En ese escenario, la administración libertaria impulsa distintas iniciativas orientadas a reforzar las capacidades militares y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
La clasificación como secreto militar impide conocer públicamente los detalles de la adquisición. Para determinar su alcance, resulta necesario examinar los fundamentos y los alcances concretos del decreto, así como las normas de defensa invocadas por el Gobierno.
Qué establece el decreto
La norma oficial sostiene que la naturaleza y las características de la adquisición requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas, debido a que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
El texto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del Decreto 9390/1963, que contempla como secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones y construcciones vinculadas con la preparación y el empleo de las fuerzas. El decreto autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar los procedimientos necesarios para concretar la operación bajo reserva.
Por el momento, el documento no identifica públicamente el equipamiento que se busca incorporar ni precisa el monto de la operación. Tampoco permite establecer si se trata de una adquisición vinculada con alguno de los programas de modernización militar ya anunciados.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una autorización para gestionar financiamiento internacional por US$ 2300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y otros US$ 1200 millones para incorporar dos fragatas multimisión. En conjunto, ambas operaciones representan una previsión de crédito de US$ 3500 millones para la Armada.
