La fiscalía solicitó al juez Alejandro Rosales autorización para iniciar una investigación penal contra un sujeto identificado con las iniciales D.F.C (50) denunciado como presunto autor del delito de abuso sexual simple. De acuerdo a lo informado por los investigadores, el hecho ocurrió en el mes de marzo del 2025, en una vivienda ubicada en el barrio progreso. En esa ocasión, el agresor habría desplegado conductas indebidas que atentaron contra la integridad de una niña menor de 12 años de edad. Así las cosas, el magistrado decidió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra el acusado, en orden a los hechos narrados por el Ministerio Público Fiscal y la calificación legal provisoria propuesta. Asimismo, otorgó un plazo de seis meses para que la parte acusadora concluya las tareas investigativas. (Por tratarse un vínculo familiar entre el imputado y la víctima no daremos a conocer su identidad para evitar que esta información exponga la identidad de los menores de edad).
El acto judicial se realizó en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. Por la fiscalía asistieron el funcionario Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter. En tanto, el sospechoso fue asesorado por la defensora pública Rosa Sánchez. También participó la abogada Sofía Maestro en representación de la Asesoría de Familia.
En este marco, Ubilla narró los hechos investigados, mencionó las evidencias obtenidas y peticionó el plazo legal de seis meses para investigar. Con respecto a la calificación legal contra el procesado indicó que se trata de un caso de abuso sexual simple en calidad de autor, en marco de la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061, Convención de los Derechos del Niño, Ley de Protección integral de la Mujer 26.485.
A su turno, la abogada del Ministerio de la Defensa Pública, no presentó oposiciones a los pedidos del equipo de la fiscalía.
Claves a tener en cuenta para los casos de abuso sexual infantil
¿Por qué los chicos tardan en contar que están siendo abusados?
La guía elaborada por UNICEF para tomar acciones y proteger a los niños y niñas del abuso sexual infantil, refiere una serie de motivos que garantizan el “secreto”:
- El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte.
- Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia.
- Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron.
- Evitan ser estigmatizados y rechazados.
- Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.
- Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: carecen de interlocutores válidos dispuesto a creer en sus palabras.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y operadores judiciales, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.
Educación sexual integral como modo de prevención y protección
Hablar de conocimiento y cuidado del propio cuerpo, formar a los niños y adolescentes en sexualidad, ofrece un marco de referencia, claridad, mayor confianza en sí mismos, conocimiento de sus derechos y, entre otros aspectos, los habilita a hablar con mayor naturalidad de lo natural y también a identificar sin dudas y denunciar lo que no lo es.
La denuncia
Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental, y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho, y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia, no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado
