La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría modificaciones a la Ley XV N° 30, que regula el juicio por jurados, con cambios destinados a actualizar el régimen de incompatibilidades, optimizar la elaboración de los padrones y modernizar distintos aspectos de la implementación del sistema.
El proyecto fue presentado por la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. La iniciativa modifica, entre otros puntos, los incisos c) y d) del artículo 11 de la Ley de Juicio por Jurados. La propia Legislatura registra el proyecto como PL106/2026, presentado por Aguilera el 14 de septiembre.
Durante la exposición del proyecto, Aguilera explicó que la reforma se estructura sobre tres ejes principales: el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la optimización de los padrones electorales y la adecuación de las competencias institucionales a la organización actual del Superior Tribunal de Justicia y a la creación de la Secretaría Electoral.
La legisladora señaló que se actualiza la nómina de autoridades de los tres poderes del Estado y de organismos de control que no pueden desempeñarse como jurados.
Otro de los cambios apunta directamente a la tecnología. La normativa vigente contemplaba el sistema de bolillero para el sorteo de los integrantes de los jurados, mecanismo que será reemplazado por medios electrónicos.
“La ley establecía el sistema de bolillero, que ya ha quedado obsoleto, y se sustituye por medios electrónicos”, explicó Aguilera durante el debate.
También se modifica el mecanismo de notificación a los ciudadanos convocados. El procedimiento quedará a cargo de un trabajo conjunto entre la Secretaría Electoral Permanente y las Oficinas Judiciales, con el objetivo de reducir costos y utilizar sistemas de comunicación y publicidad considerados más eficientes.
Durante el tratamiento, la diputada Norma Arbilla (Arriba Chubut) planteó que, en una etapa posterior, sería conveniente impulsar campañas de capacitación y difusión sobre el funcionamiento del juicio por jurados.
La legisladora sostuvo que el sistema todavía no está suficientemente difundido entre la población, algo que, según señaló, puede generar dudas y reservas entre quienes reciben una convocatoria para integrar un jurado.
En ese sentido, propuso utilizar los medios de comunicación para explicar los alcances y las responsabilidades que implica participar de un proceso de estas características.
La discusión no estuvo exenta de cuestionamientos. El diputado Juan Aquino, del Frente de Izquierda, votó en contra y objetó particularmente el alcance de las restricciones incorporadas por la reforma.
Según planteó, las modificaciones podrían excluir de la posibilidad de integrar un jurado a personas que hayan cometido delitos, independientemente de la naturaleza del hecho, del cumplimiento de la pena o de la relación entre ese antecedente y la función que deberían desempeñar.
Aguilera respondió que la participación como jurado constituye una carga pública y no un derecho, y defendió las restricciones previstas por el proyecto. Argumentó que determinadas situaciones podrían generar cuestionamientos en las víctimas si una persona con antecedentes vinculados con determinados delitos tuviera que intervenir posteriormente como jurado en un proceso de características similares.
También expresó reparos la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET), quien cuestionó que las restricciones puedan alcanzar a personas que ya cumplieron las penas impuestas por la Justicia.
El intercambio dejó expuestas dos posiciones diferentes sobre los límites para integrar un jurado y el alcance de las incompatibilidades previstas en la nueva normativa.
Tres nuevas designaciones en el Poder Judicial
En la misma sesión, la Legislatura aprobó además tres designaciones para cargos del Poder Judicial.
Fueron designados Nelson José Schlotahuer como defensor penal de Sarmiento; Ezequiel Maximiliano Castro Albornoz como fiscal general de Puerto Madryn; y Damián Alfredo D’Antonio como defensor penal de Rawson.
Schlotahuer es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con trayectoria profesional, en la función pública y en la docencia universitaria. Entre otras actividades, se desempeñó como docente en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina y realizó una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Belgrano.
Castro Albornoz es abogado egresado de la Universidad de Lomas de Zamora y desarrolló parte de su carrera en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Ingresó en 2014 al Ministerio Público Fiscal de Chubut y también ocupó funciones en las Oficinas Judiciales.
Por su parte, D’Antonio, oriundo de Mar del Plata, se incorporó en 2006 a la Oficina de la Defensa Penal de Trelew. En 2008 ganó el concurso para ocupar el cargo de abogado adjunto penal y desde 2015 desarrolla funciones en la Oficina de Defensa Penal de Rawson.
