La Justicia volvió a ponerle un plazo al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que exige actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y recomponer los programas de becas estudiantiles. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, otorgó cinco días al Estado para cumplir con la orden, bajo apercibimiento de aplicar multas económicas por cada incumplimiento.
La nueva intimación llegó después de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra la decisión anterior. Al analizar ese planteo, el magistrado amplió los fundamentos de su resolución y ratificó que la medida cautelar continúa vigente.
El eje de la discusión es el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, referidos a la actualización de los salarios del personal universitario y a la recomposición de las becas.
La inflación acumulada
Uno de los argumentos centrales de la resolución es la evolución de los precios desde el inicio de la actual gestión nacional. Para evaluar el cumplimiento de la cautelar, el juez tomó como referencia la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC citado en el fallo, la inflación acumulada durante ese período fue del 312,19%.
Cormick consideró que las respuestas presentadas por el Estado no permitían acreditar que los salarios universitarios hubieran alcanzado una actualización equivalente a esa variación.
El magistrado reconoció que el Gobierno había documentado avances, entre ellos convocatorias a negociaciones paritarias y la ejecución de órdenes de pago. Sin embargo, sostuvo que esos elementos no demostraban que los aumentos y las actualizaciones salariales se hubieran calculado de acuerdo con las variables previstas por la ley.
Por eso, concluyó que no estaba acreditado el cumplimiento integral de la cautelar en materia salarial.
Becas Progresar y de Enfermería
El segundo punto observado por la Justicia corresponde a las becas estudiantiles. El artículo 6° de la Ley 27.795 establece la recomposición de los programas según la variación acumulada del IPC e incluye las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras contempladas en la norma.
En su presentación, el Gobierno sostuvo que, según su interpretación, la única beca comprendida en los términos de la ley era la Manuel Belgrano. En consecuencia, consideró que las becas Progresar y las de Enfermería no correspondían al programa alcanzado por esa disposición.
El juez rechazó que esa respuesta alcanzara para demostrar el cumplimiento de la orden judicial. En su resolución, señaló que el propio Estado había informado actuaciones referidas únicamente a uno de los programas.
Para Cormick, la recomposición de una sola línea de becas no cubre el alcance de la medida cautelar, que exige atender el conjunto de los programas contemplados.
El magistrado aclaró que este análisis no implica anticipar una decisión sobre el fondo de la causa, sino determinar si se cumplió la obligación establecida de manera provisoria por la Justicia.
Qué puede pasar si el Gobierno no cumple
La resolución mantiene el criterio fijado en la intimación anterior, dictada el 22 de septiembre, y rechaza conceder el recurso de apelación presentado por el Estado en subsidio.
Ahora, el Gobierno cuenta con cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. Si no lo hace, el juzgado advirtió que podrá aplicar astreintes, un mecanismo de multas económicas destinado a presionar para que se cumpla una orden judicial.
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires. Según los antecedentes mencionados en la resolución, la cautelar se encuentra firme luego de las decisiones judiciales previas, incluida una intervención de la Corte Suprema en junio.
