La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 Ley de Tierras. El máximo tribunal desestimó la presentación judicial al considerar de forma unánime que la entidad demandante, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), no poseía la legitimación necesaria para entablar la causa, por lo que la Ley quedó derogada.
En el dictamen firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los magistrados recalcaron que «frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia».
Falta de legitimación y jurisprudencia
En sus fundamentos, la Corte advirtió de manera crítica sobre el accionar de los tribunales de instancias inferiores que habilitaron el proceso judicial sin corroborar los requisitos legales previos. «A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella», apuntó el fallo.
No obstante, el máximo tribunal aclaró que el alcance de la resolución se limita estrictamente al aspecto procesal. De esta manera, remarcó que la decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023», ni implica una injerencia en el tratamiento que le corresponde al Poder Legislativo.
El recorrido judicial de la causa por el DNU 70/23 Ley de Tierras
El litigio se originó cuando el CECIM presentó un amparo solicitando la nulidad del punto del decreto emitido en diciembre de 2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak había otorgado una cautelar para reponer la ley, pero luego el juez Alberto Recondo la dejó sin efecto al rechazar la representación de la entidad.
Posteriormente, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata reabrió la causa, hizo lugar al reclamo al considerar a la soberanía como un «bien colectivo» e inscribió el trámite como un proceso de incidencia colectiva; decisión que fue apelada por el Estado Nacional hasta llegar al máximo tribunal.
Al revisar la actuación de la Cámara, la Corte desestimó esa interpretación y concluyó que la soberanía territorial constituye uno de los elementos constitutivos del Estado, por lo que no puede ser encuadrada como un bien colectivo susceptible de ser accionado bajo el amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
