La jueza Patricia Reyes dispuso la apertura de la investigación contra R.A.C., conocido como “Rafi”, acusado de agredir y amenazar a su expareja, robarle el teléfono celular y luego efectuar dos disparos contra la vivienda de familiares de la mujer.
El hombre de Puerto Madryn también está imputado por haber regresado horas después al lugar y amenazar a los moradores con incendiar la casa y matarlos.
La investigación tendrá un plazo de seis meses y contempla los delitos de abuso de armas, hurto y dos hechos de amenazas en contexto de violencia de género.
La imputación fue presentada por la fiscal María Angélica Cárcano, quien además había solicitado que el acusado permaneciera detenido durante el proceso.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se produjeron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de septiembre.
Según la reconstrucción presentada durante la audiencia, R.A.C. habría agredido primero a su expareja y le habría sustraído el teléfono celular, además de amenazarla.
Posteriormente, siempre según la Fiscalía, se dirigió hasta el domicilio de familiares de la mujer y efectuó dos disparos contra la vivienda. El episodio se habría producido luego de que su expareja se negara a salir del domicilio para mantener una conversación con él.
Horas más tarde, el acusado habría regresado al lugar. En esa segunda oportunidad, según la imputación, amenazó a los moradores con prender fuego la vivienda y matarlos. Finalmente fue detenido por personal policial.
La jueza consideró acreditados los riesgos procesales
Durante la audiencia de apertura de investigación, la jueza Reyes analizó los elementos reunidos hasta el momento y consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la probabilidad de autoría del imputado.
También tuvo por acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía: peligro de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
Otro de los aspectos considerados por la magistrada fueron los antecedentes del acusado. Según se expuso durante la audiencia, R.A.C. registra múltiples antecedentes y fue declarado reincidente.
Reyes señaló además que, ante una eventual condena, la pena podría ser de cumplimiento efectivo, un elemento que fue incorporado al análisis de la medida de coerción.
Primero había dispuesto arresto domiciliario
A partir de ese escenario, la jueza consideró que correspondía imponer una medida de coerción y, dentro de las alternativas previstas por el Código Procesal Penal, hizo lugar al planteo del defensor particular Fabián Gabalachis y dispuso inicialmente el arresto domiciliario.
Sin embargo, la medida no llegó a implementarse.
Durante la propia audiencia, el imputado manifestó que no quería cumplir el arresto domiciliario y pidió permanecer detenido en un establecimiento carcelario.
R.A.C. explicó que tenía previsto afrontar un desalojo y que no contaba con personas que pudieran asistirlo durante el cumplimiento de la medida en su domicilio.
Ante ese planteo, la magistrada modificó la modalidad de cumplimiento y ordenó finalmente que permaneciera detenido en un establecimiento carcelario.
“Yo había hecho lugar al pedido de su defensor, pero usted la está rechazando”, le señaló Reyes durante la audiencia.
Con la apertura formal de la investigación, la Fiscalía contará ahora con un plazo de seis meses para profundizar las medidas de prueba y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
