En una audiencia preliminar de control de acusación, la fiscal María Bottini y la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato defendieron con éxito los cargos presentados contra un hombre y lograron que la causa sea elevada a juicio oral y público en Esquel. Se le imputan los delitos de crueldad animal en concurso real con amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, todo cometido en un contexto de violencia de género.
Los hechos que investigó el Ministerio Público Fiscal ocurrieron a mediados de enero de 2026 en la vivienda que la pareja compartía. De acuerdo con el relato fiscal, el acusado utilizó la tortura y posterior muerte de un animal doméstico —»Puchi», una perra de raza galga— para amedrentar a su pareja y a los tres hijos menores de ella, configurando un claro episodio de violencia vicaria donde se daña a un ser querido o a un animal para infligir sufrimiento psicológico a la mujer.
Los hechos denunciados
13 de enero de este año, durante una discusión en la que el imputado intentaba expulsar a la mujer y a sus hijos del hogar, tomó a la perra, la sacó al exterior y la ahorcó con un alambre de púa en la puerta de entrada, frente a los niños, afirmando que «iba a enseñar quién mandaba». Tras obligar a la víctima a ver la escena bajo la amenaza de que «iba a terminar como la perra», el acusado mutiló al animal aún con vida para luego arrojar el cuerpo en un pinar cercano.
Al día siguiente, el agresor cortó la luz de la vivienda para impedir que se preparara el desayuno de los niños y agredió físicamente a la víctima causándole lesiones que fueron constatadas médicamente y que demandaron entre 15 y 30 días de curación.
La posición de las partes y las pruebas
La Fiscalía respaldó su hipótesis en el relato de la víctima, informes médicos forenses, datos extraídos del teléfono del acusado y los peritajes del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que determinaron un nivel de riesgo alto. Si bien el Código Penal no contempla explícitamente el daño a los animales como agravante en violencia de género, el uso del animal, que es «sujeto de derecho», como instrumento de tortura psicológica debe considerarse para mensurar la pena.
Por su parte, la defensa oficial argumentó una hipótesis accidental. Sostuvo que el animal se ahorcó solo con alambres tras una pelea con perros de la zona y que el hombre trasladó el cuerpo al pinar únicamente para evitar que los niños lo vieran. También negó las agresiones físicas y cuestionó la intensidad del vínculo afectivo con la mascota.
A juicio
La jueza resolvió que la causa pase a la etapa de juicio oral y público ante un tribunal unipersonal.
Sobreseyó al imputado en relación a la delgadez de una perra galga al no haberse obtenido elementos para atribuirle la autoría. Rechazó planteos de nulidad de la defensa, excluyó un informe realizado por la médica veterinaria, y admitió a la profesional como testigo en relación a su intervención a partir del hallazgo la perra “Puchi” hallada sin vida en un pinar. Finalmente admitió el resto de la prueba ofrecida.
