Más de 100 condenas por hechos vinculados con violencia contra la mujer se registraron el último año en Puerto Madryn, dentro de un universo de 330 sentencias condenatorias obtenidas por la Fiscalía en toda la jurisdicción. El dato fue confirmado por el jefe de fiscales de la ciudad, Alex Williams, quien describió el volumen de causas que diariamente llega al Ministerio Público Fiscal y advirtió sobre la presión que ejerce el crecimiento sostenido de las investigaciones.
La cifra permite dimensionar un fenómeno que, lejos de retroceder, continúa ocupando una parte significativa de la actividad judicial. Según explicó Williams, no existe una sola jornada de guardia en la que la Fiscalía no reciba consultas relacionadas con alguna manifestación de violencia de género, ya sea física, sexual o psicológica.
El funcionario planteó que las 330 condenas obtenidas durante el último año representan, en términos prácticos, más de una condena por día hábil. Dentro de ese total, además, una proporción significativa corresponde a hechos de violencia contra mujeres y hasta la mitad de esas condenas son de cumplimiento efectivo.
La punta del iceberg
Williams puso el foco en un aspecto que suele quedar oculto detrás de las estadísticas. Una condena representa el final de un proceso que comenzó mucho antes, con una denuncia, una investigación, la acusación fiscal, la audiencia preliminar y, eventualmente, el juicio.
“Cuando uno mira el número, después hay todo un desarrollo posterior a esa primera intervención”, explicó.
Pero también existe una instancia previa que no necesariamente termina en una causa penal. Muchas mujeres concurren a realizar consultas o buscan medidas de protección sin formalizar una denuncia penal, por ejemplo, cuando solicitan la exclusión del hogar de la persona denunciada pero no quieren avanzar con una investigación por lesiones.
En esos casos, la situación puede derivarse al ámbito de familia cuando no se configura un delito que permita avanzar penalmente.
Williams explicó que, en determinados delitos como las lesiones leves, la víctima debe manifestar su voluntad de instar la acción penal. Esa decisión funciona como la habilitación para que el Ministerio Público Fiscal pueda iniciar la investigación.
“Quiero que lo excluyan de la casa, pero no quiero instar la acción”, ejemplificó el fiscal para describir una situación que, según señaló, se presenta con frecuencia.
El número sigue creciendo
Más allá de las condenas, el jefe de fiscales señaló que las estadísticas muestran un crecimiento sostenido del trabajo judicial año tras año.
El dato alcanza también a las audiencias. Durante el último año se realizaron alrededor de 3700 audiencias, lo que representa un promedio cercano a 15 por jornada.
“En una mañana cualquiera, las salas de audiencias permanecen prácticamente ocupadas de manera constante”, describió Williams. En ocasiones, incluso, los equipos deben esperar que se libere una sala para poder comenzar otra audiencia.
El problema no se limita al espacio físico. La capacidad de respuesta del recurso humano también se encuentra cerca de su límite, según la evaluación realizada por el funcionario a partir de su experiencia en la Fiscalía.
Un sistema exigido al máximo
La situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se trata de causas de violencia de género, muchas de las cuales requieren procedimientos especiales y una atención particularmente cuidadosa hacia las víctimas.
Williams mencionó, entre otras instancias, las declaraciones en Cámara Gesell, utilizadas especialmente en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Según explicó, prácticamente todos los días se realizan testimonios bajo esta modalidad.
El funcionario describió un escenario en el que el volumen de trabajo, la infraestructura disponible y los recursos humanos deben responder simultáneamente a una demanda que no deja de crecer.
A eso se suma la particular situación de quienes llegan a las dependencias judiciales atravesando circunstancias traumáticas.
“No debe haber comodidades para que la gente espere porque se van amontonando, porque están todos en una situación traumática viviendo en sus vidas personales”, señaló.
El debate por más recursos
El crecimiento de las causas ya forma parte de las conversaciones internas del Ministerio Público Fiscal. Williams explicó que cada unidad fiscal realiza un relevamiento para determinar qué recursos necesita, qué infraestructura requiere y cuál es el fundamento de esos pedidos.
Ese diagnóstico luego es elevado a la Procuración General para su evaluación presupuestaria.
“Si yo pido cinco, quizás obtengo dos, pero eso está sobre la mesa y sobre eso se trabaja”, explicó Williams al referirse a las limitaciones presupuestarias que condicionan la incorporación de personal y la ampliación de recursos.
La cantidad de condenas puede ser leída desde dos perspectivas. Por un lado, el aumento de las denuncias y la capacidad del sistema para llevar los casos hasta una sentencia muestran una mayor disposición de las víctimas a recurrir a la Justicia y una respuesta institucional frente a esos hechos.
Pero, al mismo tiempo, existe una conclusión difícil de evitar: el fenómeno de la violencia de género no muestra señales de retroceso.
Williams fue contundente al analizar esa realidad. La estadística de condenas refleja una parte visible de un problema mucho más amplio, detrás del cual aparecen las consultas que no siempre se convierten en denuncias, las investigaciones en trámite y los casos que todavía no llegaron a una instancia judicial definitiva.
