La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la responsabilidad penal de un médico condenado por abuso sexual en Lago Puelo, luego de rechazar parcialmente el recurso presentado por su defensa contra la sentencia dictada a partir del veredicto de un jurado popular.
El tribunal mantuvo la condena contra Fabián Esteban Díaz, aunque modificó la pena, que quedó establecida en 8 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.
La decisión se produjo luego de que los jueces revisaran de manera integral la prueba producida durante el proceso y concluyeran que el veredicto del jurado popular contaba con suficiente respaldo probatorio y una adecuada valoración jurídica.
Uno de los puntos analizados por la Cámara fue el testimonio de la denunciante. Los jueces consideraron válida su declaración y rechazaron los cuestionamientos de la defensa vinculados con las precisiones que fueron apareciendo progresivamente sobre la modalidad de la agresión.
En ese sentido, el tribunal sostuvo que la incorporación progresiva de detalles sobre un trauma sexual es compatible con los procesos de develación de este tipo de hechos y que esas precisiones no pueden ser consideradas, por sí mismas, contradicciones ni indicadores de falta de veracidad.
La valoración del testimonio fue realizada en conjunto con el resto de la prueba incorporada durante el debate.
La cobertura mediática y el jurado popular
La defensa también había cuestionado la posible influencia de la cobertura periodística sobre los integrantes del jurado.
Sin embargo, la Cámara concluyó que no se acreditó que los jurados hayan tenido contacto con las publicaciones durante el desarrollo del juicio ni que la cobertura mediática haya afectado su capacidad de decidir libremente.
Por ese motivo, los magistrados descartaron que la exposición pública del caso hubiera contaminado la objetividad del jurado popular que intervino en el proceso.
Otro de los aspectos examinados estuvo relacionado con la valoración del contexto de violencia de género como una circunstancia agravante al momento de establecer la pena.
Los jueces consideraron válida esa valoración y descartaron que su utilización implicara una doble sanción por un mismo hecho.
También señalaron que las maniobras acreditadas durante el proceso, que incluyeron inmovilización y utilización de fuerza física, excedieron cualquier procedimiento médico legítimo y configuraron una conducta alcanzada por la legislación penal.
El caso se remonta a julio de 2018, cuando el hecho investigado ocurrió en un centro médico de Lago Puelo.
De acuerdo con la acusación fiscal sostenida durante el juicio, el profesional se habría valido de su posición de autoridad y del contexto de una consulta médica para agredir sexualmente a la paciente. Posteriormente, según la acusación, habría utilizado amenazas con el objetivo de procurar su silencio.
La Fiscalía de Lago Puelo llevó el caso a un juicio por jurados y logró que los ciudadanos convocados para integrar el tribunal consideraran probado el hecho.
Para establecer la pena, además de las circunstancias vinculadas con el desarrollo del hecho, se tuvo en cuenta el abuso de la función profesional, la extensión del daño provocado y las secuelas psicológicas persistentes en la persona afectada.
Esas consecuencias fueron respaldadas durante el proceso mediante peritajes especializados en trauma, que fueron incorporados como parte de la prueba analizada.
