La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la condena contra una clínica de Trelew que deberá pagar $20.300.000 a una paciente que sufrió una quemadura durante una intervención quirúrgica, además de afrontar el costo de un tratamiento psicológico de 96 sesiones.
La sentencia fue dictada por los magistrados Heraldo Enrique Fiordelisi, Julián Emil Jalil y Diego Eduardo Ferreyra, quienes ratificaron lo resuelto en primera instancia y determinaron que la institución médica debía responder por la seguridad de los instrumentos utilizados en el quirófano.
Al mismo tiempo, la Justicia eximió de responsabilidad al cirujano que realizó la intervención, al considerar que actuó de manera diligente y que no tenía control visual sobre la placa del electrobisturí durante la operación.
La paciente sufrió una quemadura durante la cirugía
El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2020, cuando la mujer ingresó al quirófano de un centro médico de Trelew para someterse a una histerectomía programada.
La cirugía principal se desarrolló correctamente, pero la paciente salió del quirófano con una quemadura profunda tipo B en el glúteo izquierdo. Durante el control posterior manifestó dolores intensos en la zona y el médico constató la lesión, por lo que indicó curaciones con crema Platsul.
De acuerdo con las pericias, la lesión se produjo por una mala conducción del electrobisturí. El equipo utilizado por la clínica, además, no habría emitido ninguna alarma sonora ni lumínica que advirtiera sobre un eventual funcionamiento defectuoso durante la intervención.
Ante la evolución desfavorable de la herida, aproximadamente dos meses después la mujer debió ser internada de urgencia en el Sanatorio de la Ciudad de Puerto Madryn, donde fue sometida a una cirugía reparadora de escarotomía y cierre de colgajo realizada por un cirujano plástico.
La clínica fue considerada responsable
La sentencia de primera instancia, dictada el 11 de noviembre de 2025 por la jueza María Laura Eroles, hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó exclusivamente al Instituto Médico del Sur S.R.L.
La magistrada consideró que el electrobisturí era una cosa riesgosa propiedad del sanatorio y que la institución tenía una obligación objetiva de seguridad respecto de sus pacientes. Por ese motivo, debía responder por los eventuales defectos de los equipos utilizados y por la actuación de su instrumentadora de planta.
En cambio, el médico ginecólogo fue liberado de responsabilidad, luego de acreditarse que realizó la histerectomía de manera correcta y que no tenía posibilidad de controlar visualmente la placa del electrobisturí, debido a que había quedado cubierta por los campos quirúrgicos estériles.
Una indemnización de $20,3 millones
La Justicia estableció una indemnización de $20.000.000 por daño moral, que contempló el dolor provocado por la quemadura, la cicatriz de 6,5 centímetros y el impacto psicológico transitorio sufrido por la paciente.
A esa suma se agregaron $300.000 por gastos de medicación, tanto pasados como futuros.
Además, la clínica deberá afrontar un tratamiento psicológico de 96 sesiones, equivalente a dos años de terapia. El valor de cada sesión será determinado durante la etapa de ejecución de la sentencia, tomando como referencia el costo mínimo fijado por el Colegio de Psicólogos del Chubut al momento del pago.
En cuanto a los intereses, se estableció una tasa del 6% anual desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 11 de noviembre de 2025, y desde esa fecha la Tasa Activa del Banco del Chubut.
El reclamo por lucro cesante fue rechazado debido a que la paciente no presentó recibos de sueldo ni otras pruebas concretas que acreditaran las ganancias que habría dejado de percibir.
La Cámara rechazó los planteos de la paciente
La mujer había apelado la decisión de primera instancia y cuestionó el monto de la indemnización. También pidió que se declarara la nulidad de la pericia médica y reclamó un reconocimiento independiente del daño psíquico y del lucro cesante.
Los camaristas rechazaron esos planteos y respaldaron las conclusiones de las pericias incorporadas al expediente.
En relación con el informe del perito médico oficial, señalaron que no alcanza con expresar disconformidad o disentir con el porcentaje de incapacidad establecido. Para desacreditar una pericia, explicaron, es necesario aportar pruebas de rigor científico que permitan demostrar un error evidente en el dictamen, algo que no ocurrió en este caso.
Respecto del daño psíquico, las evaluaciones establecieron que la paciente atravesó una alteración emocional transitoria, que remitió antes de los tres meses y que era reversible mediante tratamiento.
Por ello, los jueces consideraron que no correspondía reconocer un daño psíquico autónomo, ya que ese concepto independiente requiere la existencia de una enfermedad mental o un desequilibrio patológico permanente y diagnosticable. El impacto emocional pasajero quedó comprendido dentro de la indemnización por daño moral.
La paciente deberá pagar las costas por la demanda contra el cirujano
Uno de los principales puntos de discusión en la Cámara estuvo relacionado con las costas judiciales correspondientes al cirujano, quien finalmente fue absuelto.
El juez Heraldo Enrique Fiordelisi votó en disidencia y propuso que esos gastos fueran distribuidos “por su orden”, es decir, que cada parte afrontara sus propios costos. Argumentó que una persona que ingresa a una operación y sale con una quemadura tiene motivos razonables para demandar al profesional que la intervino y buscar esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, los jueces Julián Emil Jalil y Diego Eduardo Ferreyra conformaron la mayoría y confirmaron que la paciente debía afrontar las costas correspondientes a la demanda que no prosperó contra el ginecólogo.
Los magistrados señalaron que en Chubut rige el principio objetivo de la derrota, según el cual quien pierde un juicio debe afrontar los gastos de defensa de la parte que resultó absuelta. De esta manera, la resolución definitiva mantuvo la condena económica contra la clínica, pero sin atribuir responsabilidad por mala praxis al cirujano.
