Jorgelina Domínguez deberá continuar cumpliendo en una cárcel común su condena a 20 años de prisión por el homicidio de Candela González, la adolescente asesinada a balazos en Trelew en 2017, cuando tenía 14 años.
La decisión fue adoptada este jueves por unanimidad por los jueces Carolina Marín, Ivana González y Marcos Nápoli, quienes respaldaron la resolución del juez de Ejecución Marcelo Nieto Di Biase y confirmaron la revocación del arresto domiciliario que Domínguez mantenía desde hacía más de nueve años.
La condenada cumplía la pena en su domicilio debido al beneficio previsto para personas que tienen a su cuidado hijos menores de 5 años. Sin embargo, el pasado 8 de agosto, uno de sus hijos alcanzó esa edad y, de acuerdo con la resolución judicial, dejó de existir el motivo que había permitido mantenerla bajo esa modalidad de detención.
El pedido de la defensa
Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Trelew, la defensora de Domínguez, Gladys Olavarría, solicitó que su representada pudiera continuar con el arresto domiciliario debido a la situación familiar que atraviesa.
La mujer tiene 7 hijos y cinco de ellos todavía son menores de edad. Según informes socioambientales incorporados a la causa, algunos presentan problemas de salud.
La defensa también planteó la situación de la hija de 19 años de Domínguez, quien vive en el mismo terreno junto a su pareja y sus dos hijos, de 2 años y 6 meses.
Olavarría sostuvo que la normativa no debía aplicarse de manera “automática” y consideró que Domínguez continúa siendo la persona que mejor puede ocuparse de los menores, debido a que los demás adultos de la familia tienen sus propias ocupaciones.
“Hay que tener en cuenta el interés superior de los niños y no afectar la progresiva reinserción social de Domínguez”, argumentó la defensora. También destacó que durante más de siete años la condenada no había incumplido las directivas del juez de Ejecución y recordó que en ocho meses podría acceder a la posibilidad de salidas transitorias.
Fiscalía pidió que cumpla la condena en prisión
La funcionaria de Fiscalía Analía Acuña se opuso al planteo de la defensa y sostuvo que la legislación establece con claridad las condiciones para acceder al beneficio.
“La ley es clara y hay cuatro mayores que se pueden hacer cargo y asistir a los niños, que no están desamparados”, señaló.
La representante del Ministerio Público también mencionó la existencia de una red comunitaria que brinda asistencia a la familia y remarcó la gravedad del delito por el cual Domínguez fue condenada.
“Hay que tener en cuenta que mató a una nena de 13 años e intentó asesinar a otra persona. Es muy grave y debe cumplir en la cárcel porque no está enferma ni embarazada, no tiene una discapacidad y no es adulta mayor”, sostuvo Acuña.
Domínguez pidió continuar en su casa
La propia condenada tomó la palabra durante la audiencia y explicó que, durante el tiempo que permaneció bajo arresto domiciliario, se dedicó al cuidado de sus hijos y comenzó estudios vinculados con la salud.
“Por los problemas de salud de mis hijos y para evitar los traslados, en el arresto domiciliario estudié enfermería y farmacia y me dediqué a cuidarlos”, manifestó.
“Les pido que piensen en ellos porque no tienen la culpa de nada. Son mi vida entera. Estoy dispuesta a cumplir lo que sea pero necesito continuar viviendo con ellos. Me comporté y nunca me quise fugar”, agregó.
Los jueces respaldaron la revocación
Al fundamentar su voto, el juez Marcos Nápoli sostuvo que “las conductas tienen consecuencias” y calificó al arresto domiciliario como una “excepción total”.
El magistrado destacó además la decisión adoptada previamente por Nieto Di Biase, quien había solicitado la intervención de asesores y del Juzgado de Familia para garantizar la protección de los menores.
Por su parte, la jueza Carolina Marín consideró que los niños involucrados “no están en estado de vulnerabilidad” y señaló que la resolución del primer juez se encontraba fundada tanto en la legislación vigente como en los tratados internacionales.
La jueza Ivana González coincidió con sus colegas y afirmó que la ley “no ofrece resistencia intelectual” y que no existe una excepción que permita mantener el arresto domiciliario en este caso. También señaló que existen otros cuatro adultos que pueden hacerse cargo de los menores.
González cuestionó además la conducta que Domínguez mantuvo durante el cumplimiento de la pena bajo modalidad domiciliaria. Recordó un episodio en el que la condenada se vio involucrada en una gresca callejera con menores y armas blancas, además de señalar que realizó salidas al Hospital sin previo aviso.
“Yo le advertí que le revocaría la prisión domiciliaria y también hizo salidas al Hospital sin aviso. Usted se largó a llorar y prometió comportarse”, recordó la jueza durante la audiencia.
Finalmente, González sostuvo que la resolución de Di Biase “no merece la menor tacha” y remarcó: “La ley está hecha para cumplirse y la resolución no merece la menor tacha de nuestra parte. Usted tomó decisiones y debe asumir las consecuencias”.
Con la decisión adoptada por los tres magistrados, Jorgelina Domínguez deberá continuar su condena de 20 años en prisión, luego de haber cumplido durante más de nueve años bajo arresto domiciliario.
