El juicio oral comenzó en los tribunales de Trelew, donde el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Aldo Nizetich, acusa a J.C.M. por el presunto uso de documento público falso en carácter de autor.
El acusado ya había sido condenado a cinco años de prisión por una sentencia dictada en noviembre de 2022. Según la investigación, en 2024 intentó obtener una reducción de su pena mediante el régimen de estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal 24.660.
Para conseguirlo, habría presentado certificaciones cuya autenticidad fue cuestionada por la Fiscalía, con las que pretendía acreditar distintas capacitaciones y, de esa manera, obtener una reducción de 16 meses en el cómputo de su condena.
Entre los documentos presentados figuraban diplomaturas en Educación Física, Deporte y Recreación y en Gestión y Organización de Eventos, ambas de 630 horas. También aparecían certificados de cursos de Instalador Electricista Habilitado Categoría III y Mecánica Básica del Automotor, atribuidos a la Universidad Nacional de Córdoba.
A esa documentación se sumaban certificados atribuidos a la Sociedad Argentina de Pediatría, correspondientes a cursos sobre prevención del embarazo en la adolescencia, prevención del suicidio adolescente y prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescentes.
El pedido que desencadenó la investigación
De acuerdo con la acusación, el 27 de marzo de 2024 el abogado defensor particular Martín Castro presentó ante la Oficina Judicial de Trelew un escrito para avanzar con el cómputo de la pena de su representado.
La condena de cinco años ya se encontraba firme y, en ese contexto, se inició el trámite correspondiente ante el juez de Ejecución Gustavo Castro.
El 24 de abril de 2024, durante la audiencia de cómputo, J.C.M. intentó que se aplicara el estímulo educativo sobre su condena a partir de los certificados que había presentado.
Para la Fiscalía, el acusado sabía que la documentación era falsa y la utilizó deliberadamente con el propósito de perjudicar la correcta administración de justicia y obtener una reducción que no le correspondía.
Durante una cuestión previa, la defensa intentó rechazar la calificación legal planteada por el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, la jueza Mirta Moreno consideró, en coincidencia con el fiscal Nizetich, que el planteo había sido formulado fuera de plazo, ya que durante la audiencia preliminar de elevación a juicio no se había cuestionado la acusación.
Por esa razón, el debate continúa bajo la calificación de uso de documento público falso, en carácter de autor, prevista en los artículos 296 y 45 del Código Penal.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad de J.C.M.
Si el acusado es declarado culpable, el Ministerio Público Fiscal anticipó que solicitará una pena de hasta seis años de prisión, además de la declaración de reincidencia.
