La Justicia avanza en la definición de un juicio abreviado en Rawson contra Luciano Felipe, de 25 años, quien reconoció su autoría y aceptó la pena propuesta por el Ministerio Público Fiscal luego de habérsele encontrado un arma de fuego no autorizada en su vivienda. La jueza de garantías Karina Breckle interviene en la causa y se encuentra en condiciones de homologar el acuerdo entre las partes.
El hecho investigado se desencadenó a partir de un allanamiento dispuesto en el domicilio del imputado, ubicado sobre la calle Ricardo Rojas al 300 de la capital provincial. La medida, dictada en el marco de una causa por robo en poblado y en banda con lesiones leves, permitió el hallazgo del armamento sin la debida autorización legal para su portación.
El hallazgo en el allanamiento y el origen del arma
Durante el procedimiento concretado en la vivienda, el personal actuante secuestró una pistola marca Bersa que se encontraba oculta dentro de una riñonera en la habitación del joven, con un cargador colocado y siete proyectiles. Asimismo, en el interior de una media guardada en el mismo inmueble, hallaron un segundo cargador del mismo calibre que contenía ocho municiones adicionales.
Posteriormente, las pesquisas confirmaron que tanto la pistola como los proyectiles incautados contaban con pedido de secuestro activo, ya que habían sido sustraídos en la ciudad de Trelew. Durante la audiencia correspondiente, la fiscal jefe Laura Castagno representó a la Fiscalía de Rawson, mientras que el defensor oficial Damián D’Antonio asumió la asistencia técnica del acusado.
Acuerdos del juicio abreviado en Rawson
La propuesta presentada ante el tribunal fija una condena de dos años de ejecución condicional, acompañada por una serie de reglas de conducta obligatorias por el mismo plazo. Para mantener la modalidad condicional de la pena, el condenado deberá fijar y mantener actualizado su domicilio, abstenerse de cometer nuevos delitos, presentarse cada cuatro meses ante la Oficina Judicial de Rawson, no consumir estupefacientes y evitar el abuso de bebidas alcohólicas.
La jueza Breckle valoró que el acuerdo alcanzado respeta las garantías constitucionales y legales requeridas para este tipo de resoluciones normativas. Se prevé que la resolución formal del tribunal sea dictada dentro del plazo legal estipulado por el Código Procesal Penal.
