La investigación por una millonaria estafa con cheques falsos en Puerto Madryn sumó nuevas pruebas que consolidan la hipótesis de que se trataba de una organización delictiva dedicada a maniobras fraudulentas. En ese marco, la Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva de los imputados por 90 días más.
El fiscal jefe de Puerto Madryn, Álex Williams, confirmó que los allanamientos realizados en la causa permitieron hallar cheques apócrifos pertenecientes a una empresa pesquera, así como documentación falsificada con rostros de los imputados pero nombres distintos. “De ese teléfono surgieron elementos muy contundentes que muestran que los imputados están seriamente comprometidos con la maniobra, desde la preparación hasta el intento de hacer desaparecer las calderas que eran el objeto del fraude”, explicó Williams.
Según detalló el fiscal, las pericias electrónicas sobre los celulares secuestrados revelaron conversaciones de WhatsApp entre los sospechosos y fotografías de documentos falsificados, lo que evidencia un modus operandi que, a su juicio, podría haber sido “su medio de vida”. Las pruebas también indican que la actividad no era local, sino que alcanzaba otras provincias, como Mendoza y Neuquén, e incluso referencias a Madrid, lo que sugiere una estructura organizada y consolidada.
La maniobra investigada ocurrió el 15 de mayo, cuando un hombre que se presentó como “Marcelo Peñaloza”, supuesto empleado del Servicio Penitenciario Federal, retiró mercadería de un comercio de climatización de la ciudad utilizando un cheque denunciado como robado. La operación había sido coordinada previamente mediante mensajes de WhatsApp.
Los operativos, que permitieron identificar a los sospechosos a través del análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos, estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones de Puerto Madryn, con intervención de los comisarios Martín Díaz Baldi y Alejandro Antilef. Además, el fiscal Juan Pablo Santos colaboró en la recolección y análisis de pruebas.
Hasta el momento, la investigación permitió recuperar solo una fracción de las calderas sustraídas y el sistema de evacuación de gases de un domicilio en Trelew. Williams señaló que el valor de la estafa asciende a aproximadamente 15 millones de pesos, monto que podría incrementarse a medida que avanza la pesquisa.
La jueza María Inés Bartels, al resolver la continuidad de la preventiva, consideró acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en un caso que aún mantiene a un sospechoso prófugo en Mendoza. El fiscal confía en que, al tomar estado público la causa, posibles víctimas o testigos puedan aportar información que colabore con el esclarecimiento del delito.
