La segunda jornada del juicio oral y público por el envenenamiento y muerte de tres perros en Rawson tuvo como uno de sus principales ejes la peligrosidad de la sustancia que, según la acusación, habría sido utilizada para elaborar los cebos que provocaron la muerte de los animales.
Uno de los testimonios centrales fue el del bioquímico Germán Florio, integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General del Chubut, quien recibió y analizó parte de las muestras biológicas recolectadas durante la investigación. En su declaración, el profesional fue contundente al referirse a la sustancia: “El veneno usado es letal para cualquier ser vivo”.

Florio explicó ante la jueza Eve Ponce las características de las muestras que fueron sometidas a estudios bioquímicos, algunas de las cuales debieron ser remitidas a laboratorios de mayor complejidad. También detalló los efectos que puede provocar el veneno en los organismos y los riesgos asociados a su manipulación cuando se encuentra en concentraciones altamente tóxicas.
La toxicidad, en el centro del debate
La misma línea siguió el testimonio de Alejandro Fernández, director del SENASA, quien se refirió a los resultados de las muestras analizadas y señaló que contenían una dosis letal para cualquier ser vivo.
A su turno, el veterinario Walter García describió los signos encontrados en los animales y sostuvo que presentaban características compatibles con un cuadro de envenenamiento por órganos fosforados. También destacó un elemento que forma parte de la hipótesis acusatoria: los tres animales habrían tenido una hora de muerte coincidente.
Los testimonios adquieren relevancia dentro de la acusación presentada por la fiscal general de la UFEAYDA, Florencia Gómez, quien sostiene que la sustancia utilizada habría sido carbofurán y carbofurán fenol, compuestos de elevada toxicidad.
Según la Fiscalía, el carbofurán se encuentra prohibido en el país desde 2018 para su elaboración, importación y fraccionamiento debido precisamente a su nivel de toxicidad, conforme a la Resolución N° 263/2018 del SENASA.
La acusación apunta también al riesgo ambiental
La Fiscalía no circunscribe el caso únicamente a la muerte de los tres perros. Uno de los puntos que busca demostrar es que la utilización de este tipo de sustancias podía representar un riesgo para otros animales, las personas y el ambiente.
En su acusación, Gómez sostuvo que la presencia de estos productos en organismos muertos puede generar riesgos de intoxicación secundaria, alteraciones tróficas y desbalances ecológicos.

La fiscal también vinculó el caso con la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 y señaló que el carbofurán puede ser considerado dentro de esa categoría por tratarse de una sustancia capaz de provocar la muerte o lesiones graves si es ingerida, inhalada o entra en contacto con la piel.
Ese aspecto fue particularmente relevante durante la jornada, porque la discusión no se limita a determinar qué provocó la muerte de los animales, sino también qué nivel de riesgo implicaba la utilización y dispersión de una sustancia de semejante toxicidad en un sector habitado.
La hipótesis de un plan premeditado
En el juicio, la Fiscalía sostiene que el acusado Carlos Roberto Rivas conocía desde hacía años las características del lugar donde ocurrieron los hechos y a las personas y animales que habitaban en el sector.
Según la acusación, Rivas habría elaborado cebos envenenados con forma de embutidos, similares a chorizos, que contenían carbofurán y carbofurán fenol. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esos cebos fueron colocados con el objetivo de que fueran ingeridos por los animales.

Para Gómez, no se trató de una acción accidental, sino de “un plan premeditado y coordinado”, y sostuvo que el acusado conocía tanto el peligro que representaba la sustancia como la prohibición de su utilización.
La Fiscalía sostiene además que esa conducta implicó un desprecio por la vida animal y por los posibles efectos sobre las personas y el ecosistema.
Qué se discute en el juicio
Rivas enfrenta una acusación por malos tratos y actos de crueldad contra los animales, contemplados en los artículos 1° y 3°, inciso 7°, de la Ley 14.346, en concurso ideal con la normativa vinculada a residuos peligrosos.
El debate busca determinar, a partir de la prueba testimonial, documental y científica, si el imputado fue responsable de la colocación de los cebos y si esos elementos fueron los que provocaron la muerte de los tres perros.
La parte querellante representa a los propietarios de “Manija” y está a cargo del abogado Romano Cominetti, mientras que Rivas es asistido por el defensor oficial Pablo Sánchez.
Concluida la segunda jornada, la jueza Eve Ponce dispuso que el juicio continuará este miércoles desde las 8, cuando finalizará la presentación de los testigos convocados por la Fiscalía Ambiental. Posteriormente, durante el jueves, será el turno de los testigos propuestos por la defensa.
Así, el debate ingresó en una etapa clave: los testimonios de especialistas buscan establecer científicamente qué sustancia fue utilizada, qué efectos produjo y cuál era el nivel de peligrosidad que implicaba su manipulación, mientras que las próximas jornadas estarán orientadas a completar el cuadro probatorio antes de que las partes avancen hacia sus conclusiones.














