Un hombre que durante meses hostigó, persiguió y amenazó a su expareja, desoyendo de manera sistemática las órdenes judiciales de restricción de acercamiento, quedó detenido con prisión preventiva luego de que la Justicia entendiera que ni la prohibición de contacto ni la tobillera electrónica lograron impedir la continuidad de los hechos de violencia de género.
La medida fue dispuesta este viernes durante una audiencia de control de detención realizada en la Oficina Judicial de Trelew, donde la fiscal general Julieta Gamarra expuso una investigación que revela una escalada de violencia sostenida desde mayo pasado.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el conflicto comenzó cuando el imputado no aceptó el rechazo de la mujer a retomar la relación de pareja. A partir de ese momento inició una serie de conductas intimidatorias que incluyeron hostigamiento permanente, persecuciones, amenazas, daños y hasta hurtos, generando un progresivo deterioro en la vida cotidiana de la víctima.
La investigación avanzó rápidamente y en julio la Fiscalía presentó una acusación por cuatro hechos delictivos, mientras la Justicia imponía distintas medidas de protección para resguardar a la mujer.
Sin embargo, el acusado incumplió en reiteradas ocasiones la prohibición de acercamiento, situación que derivó en tres desobediencias judiciales. Esa conducta motivó inicialmente su detención y el dictado de una prisión preventiva que luego fue morigerada por arresto domiciliario.
Posteriormente recuperó la libertad bajo estrictas condiciones. La Justicia le colocó una tobillera electrónica con dispositivo dual, un sistema que permite alertar a la víctima cuando el agresor incumple la distancia de seguridad establecida. Además, continuaba vigente la prohibición absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de contacto.
La decisión de conceder ese beneficio respondió, entre otros motivos, a una situación familiar particular. El imputado es el único cuidador de un niño con un grave problema de salud certificado, circunstancia que fue valorada por el tribunal al momento de sustituir la prisión preventiva.
No obstante, las restricciones tampoco fueron respetadas. De acuerdo con la investigación, desde el 1° de julio el hombre volvió a perseguir y hostigar a su expareja, protagonizando al menos cinco nuevos episodios.
Los hechos incluyeron acercamientos al lugar de trabajo de la mujer, persecuciones cuando concurría al gimnasio e incluso cuando se dirigía al domicilio de un amigo. En varias oportunidades, según la Fiscalía, la amenazó de muerte, exigiéndole que le devolviera pertenencias.
La acusación también sostiene que realizó publicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería difundiendo fotografías de la víctima, profundizando el hostigamiento.
Para los investigadores, la reiteración de los incumplimientos demuestra un desprecio absoluto por las decisiones judiciales, ya que todas las conductas fueron cometidas mientras se encontraba vigente la orden de restricción dictada por el juez Fabio Monti.
Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de una nueva investigación y requirió la prisión preventiva, al considerar acreditados los riesgos procesales y la necesidad de proteger a la víctima.
La causa quedó a cargo de las fiscales Julieta Gamarra y Claudia Ibáñez, quienes imputaron al acusado por cinco hechos de desobediencia judicial, uno de ellos en concurso ideal con amenazas, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Al resolver el caso, la jueza Mirta Moreno fue contundente al señalar que ninguna de las medidas cautelares impuestas logró detener la conducta del imputado.
La magistrada sostuvo que existió una continuidad del hostigamiento que modificó por completo la vida de la víctima, quien debió cambiar de domicilio para intentar protegerse y manifestó sentirse desamparada y vulnerada en sus derechos.
Además, consideró acreditada la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
«No se advierte otra medida capaz de garantizar el proceso, ya que todas las restricciones anteriores fueron incumplidas», concluyó la jueza al disponer la apertura formal de la investigación y la prisión preventiva por el plazo inicial de tres meses.
