La Secretaría de Trabajo del Chubut dictó el lunes la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) con Agropez S.A., Conarpesa y Wofco, tras los despidos de 39 trabajadores de la planta de Puerto Madryn. La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto por un plazo de 15 días hábiles y convoca a las partes a una audiencia para intentar alcanzar una solución negociada.
La decisión quedó plasmada en una resolución firmada por el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, quien declaró formalmente la existencia de un conflicto colectivo de trabajo y dispuso la apertura del procedimiento de conciliación previsto en la Ley X Nº 15.
El conflicto se originó a partir de los despidos que el gremio considera «ilegítimos», al sostener que fueron dispuestos mediante telegramas con causales improcedentes y sin sustento fáctico ni jurídico. A ello se suma, de acuerdo con la presentación sindical, el incumplimiento de la empresa de convocar al personal de temporada, pese al inicio de la actividad pesquera en aguas nacionales.
En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Trabajo advierte que la situación trasciende los intereses individuales de los empleados involucrados y compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social, por lo que consideró necesario intervenir para encauzar el conflicto mediante el diálogo.
La conciliación obliga al sindicato a suspender cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso y, al mismo tiempo, prohíbe a las empresas involucradas aplicar nuevas sanciones, despidos o medidas disciplinarias relacionadas con el conflicto durante el período de vigencia de la resolución.
Además, la cartera laboral convocó a una audiencia de conciliación para este miércoles 22 de julio, a las 10, en la Delegación de la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn, donde deberán presentarse representantes del STIA y Conarpesa.
Desde el STIA, que conduce Luis Núñez, señalaron que la resolución «sirve para sentarse a aclarar» el conflicto, aunque remarcaron que se trata de una instancia temporal.
En ese sentido, indicaron que, según el análisis realizado por los abogados del sindicato, los despidos presentan fundamentos jurídicos débiles, ya que consideran que la empresa deberá demostrar individualmente que cada uno de los trabajadores despedidos incurrió en conductas intimidatorias, argumento utilizado para justificar las cesantías.
La conciliación fue dictada pocas horas después de que el sindicato solicitara formalmente la intervención de la Secretaría de Trabajo.
El conflicto escaló luego de que Conarpesa formalizara el despido con causa de 39 trabajadores que participaron de la protesta realizada el pasado 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn.
En los telegramas enviados a los empleados, la empresa sostiene que durante la manifestación se produjeron hechos de violencia e intimidación contra el personal administrativo, situación que —afirma— obligó a evacuar las oficinas con intervención policial y fue denunciada ante el Ministerio Público Fiscal.
Sobre esa base, Conarpesa argumentó que la conducta de los trabajadores constituyó «una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo laboral», por lo que resolvió extinguir la relación laboral «por exclusiva responsabilidad» de los empleados involucrados.
