La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) presentó una nota formal ante la Secretaría de Trabajo de Chubut en la que pidió la intervención preventiva del organismo y reclamó que adopte las medidas necesarias para evitar que el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Conarpesa se extienda al resto de la actividad pesquera provincial.
El documento, firmado por el apoderado de la entidad, Agustín Pedotti, sostiene que, si bien actualmente no existe un conflicto colectivo entre las empresas asociadas a la cámara y sus trabajadores que justifique una conciliación obligatoria, la creciente tensión y las manifestaciones públicas vinculadas a la disputa generan un riesgo cierto de que puedan impulsarse medidas de fuerza que alcancen a compañías que no forman parte del conflicto.
En ese marco, CAPIP solicitó expresamente a la Secretaría de Trabajo que intervenga de manera preventiva, realice un seguimiento permanente de la situación y ejerza todas las facultades legales disponibles para impedir que la conflictividad se proyecte sobre el resto del sector.
La entidad advirtió que una eventual extensión del conflicto podría afectar la continuidad de la producción, la operatoria portuaria e industrial, el cumplimiento de contratos, la conservación de productos perecederos y numerosas fuentes de trabajo, al involucrar a empresas que no mantienen diferencias con el sindicato.
Asimismo, la cámara aclaró que no pidió en esta instancia el dictado de una conciliación obligatoria, aunque señaló que, si la autoridad laboral considera necesario avanzar con una instancia conciliatoria respecto del conflicto de origen, deberá garantizar que sus efectos queden limitados exclusivamente a las partes involucradas.
Entre los puntos planteados en la presentación, CAPIP reclamó que la Secretaría de Trabajo tome intervención preventiva, mantenga un monitoreo constante de la evolución del conflicto y adopte, de manera inmediata y oportuna, todas las medidas conciliatorias y de policía laboral que resulten necesarias para preservar la paz social y la continuidad operativa del sector pesquero.
