La Defensa de Konstantine Rudniev, el ciudadano ruso imputado en una causa por presunta trata de personas que se tramita en Bariloche, presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación intervenga en la disputa judicial por su prisión domiciliaria.
La presentación, firmada por el defensor Martín Sarubbi, cuestiona la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, notificada el pasado 25 de junio, que declaró inadmisible la denominada «impugnación horizontal» presentada por la defensa.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el recurso sostiene que la decisión de Casación fue «arbitraria», ya que impidió revisar una resolución previa que, según la defensa, constituye el eje del conflicto: la admisión de la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal, que permitió reabrir la discusión sobre la prisión domiciliaria del acusado.
La defensa cuestiona la intervención de Casación
El principal argumento del escrito es que el recurso de casación no constituye un mecanismo procesal válido para que la fiscalía impugne una decisión que morigera una medida de coerción, como ocurrió cuando se sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
En ese sentido, la defensa afirma que al admitir la queja del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó «un recurso inexistente en el ordenamiento procesal», lo que, a su entender, generó un «gravamen irreparable» al dejar en riesgo la prisión domiciliaria de Rudnev.
Por ese motivo, sostiene que la resolución debe ser considerada equiparable a una sentencia definitiva, habilitando así la intervención de la Corte Suprema.
Cómo se originó la disputa judicial
La controversia comenzó cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la investigación y de la prisión preventiva del imputado. El juez de garantías de Bariloche hizo lugar a ambos pedidos.
Posteriormente, el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión del Fuero Federal de General Roca confirmó la extensión de la investigación, aunque resolvió morigerar la prisión preventiva, reemplazándola por prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y otras medidas previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
Disconforme con esa decisión, la fiscalía intentó recurrir mediante un recurso de casación, pero el propio Colegio de Jueces declaró inadmisible esa vía.
Ante ese rechazo, el Ministerio Público presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente hizo lugar al planteo.
El planteo que ahora analiza la Corte
La defensa de Rudnev cuestionó esa decisión mediante una «casación horizontal», solicitando que otra sala de la misma Cámara revisara la admisión de la queja fiscal bajo el principio de que todas las resoluciones judiciales deben poder ser revisadas, especialmente cuando se consideran arbitrarias.
Sin embargo, ese planteo también fue declarado inadmisible, resolución que ahora es impugnada mediante el Recurso Extraordinario Federal.
En su presentación, Sarubbi retoma además los argumentos utilizados por el propio Colegio de Jueces de General Roca para rechazar inicialmente la casación de la fiscalía. Según esa resolución, el ordenamiento procesal no contempla que las decisiones adoptadas por los jueces de revisión durante la etapa preparatoria puedan ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
Asimismo, sostiene que la decisión de sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa no constituye una sentencia definitiva, ni produce efectos equiparables, recordando además el principio constitucional según el cual la libertad durante el proceso debe ser la regla, en resguardo de la presunción de inocencia.
Las garantías constitucionales invocadas
En el capítulo referido al agravio federal, la defensa sostiene que la resolución vulnera distintas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal, la garantía del doble conforme y el derecho a recurrir, todos derechos reconocidos por la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.
Finalmente, el escrito solicita que se tenga por presentado el Recurso Extraordinario Federal en tiempo y forma y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la resolución cuestionada, permitiendo revisar la controversia sobre la prisión domiciliaria del ciudadano ruso imputado en la causa por presunta trata de personas.
