La Justicia dispuso la apertura de una investigación por un caso calificado provisoriamente como homicidio simple con exceso en legítima defensa, luego del hecho ocurrido la noche del 3 de julio en un sector del barrio Corradi, donde perdió la vida Ricardo Ceferino López.
La causa fue tratada este lunes durante la audiencia de control de detención. En representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Julieta Gamarra, acompañada por la abogada de Fiscalía Rocío Silva, presentó la reconstrucción preliminar de los hechos y la calificación legal provisoria, mientras que la investigación quedará a cargo del fiscal general Mauro Quinteros.

Según la exposición de la Fiscalía, el episodio comenzó alrededor de las 22.20 con una discusión entre José Almonacid y López, propietario de un comercio del barrio. El intercambio verbal derivó en una pelea que continuó en el exterior del local y fue interrumpida por terceros.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, cuando el conflicto parecía haber finalizado, López convocó a sus hijos y salieron en busca de Almonacid, quien caminaba por una de las calles del barrio junto a un amigo. Ambos, según la acusación, se encontraban en estado de ebriedad.
Siempre según la versión presentada por el Ministerio Público Fiscal, Almonacid fue agredido con una piedra que impactó presuntamente en el pecho, provocándole la pérdida del equilibrio. En ese contexto extrajo un cuchillo y lesionó a López en la zona intercostal izquierda, mientras también era golpeado con patadas y puños por los hijos de la víctima.
Tras la agresión, López intentó regresar a su domicilio, pero se descompensó y cayó. Fue asistido por uno de sus hijos y posteriormente trasladado al Hospital María Humphreys, donde falleció a las 23.45 como consecuencia de una herida punzocortante que comprometió varios órganos vitales.
La postura de la Fiscalía
La fiscal Gamarra sostuvo que la calificación provisoria de homicidio simple con exceso en legítima defensa surge de los elementos reunidos hasta el momento, entre ellos entrevistas a familiares de la víctima y otras personas vinculadas al hecho.
La representante del Ministerio Público señaló que la evidencia indica que existió una agresión ilegítima contra el imputado, quien se retiraba del lugar y no habría iniciado el conflicto, aunque consideró que habría excedido los límites permitidos para ejercer la legítima defensa.
Asimismo, destacó que Almonacid presenta lesiones compatibles con maniobras defensivas y una incapacidad laboral superior a un mes.
Como medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la familia de López, el domicilio y el comercio de la víctima, además de rondines preventivos por parte de la Policía para controlar el cumplimiento de esas restricciones.
La defensa cuestionó la autoría
Durante la audiencia, la defensa del imputado expresó dudas sobre la autoría del hecho. Argumentó que Almonacid habría perdido el conocimiento tras recibir un piedrazo en la cabeza, lo que impediría establecer con precisión cuál fue su accionar durante la secuencia. También planteó interrogantes sobre la pertenencia del cuchillo utilizado.
La decisión judicial
Tras escuchar a las partes, el juez Marcos Nápoli consideró acreditada, en esta etapa inicial del proceso, la existencia del homicidio, aunque remarcó que la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas que participaron en el episodio.
El magistrado señaló que, debido a la complejidad del caso, aún no es posible arribar a conclusiones definitivas. También hizo referencia a la repercusión social que generó el hecho, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación, y subrayó la importancia de brindar información responsable sobre el proceso judicial.
Finalmente, Nápoli hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, ordenó la prohibición de acercamiento del imputado hacia la familia de la víctima y dispuso rondines policiales preventivos. Además, formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria, que continuará bajo la conducción del fiscal general Mauro Quinteros.














