La Libertad Avanza inició conversaciones con distintos bloques de la oposición para reunir el respaldo necesario que permita realizar una sesión en el Senado durante la próxima semana. El objetivo del oficialismo es tratar un paquete de proyectos que incluye la reforma sobre propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de cerca de 30 pliegos judiciales.
La intención inicial de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, era sesionar este miércoles. Sin embargo, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a la reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12, por lo que la sesión quedó proyectada para el 15 o 16 de julio.
La decisión volvió a poner en evidencia las diferencias entre Bullrich y Villarruel. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la senadora buscaba habilitar el recinto desde la semana pasada para mostrar un mayor ritmo de actividad legislativa en la Cámara alta.
Uno de los principales proyectos que impulsará el oficialismo es la reforma vinculada a la propiedad privada. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la versión número 13 del dictamen incorporó modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno, que pretendía eliminar todas las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.
El nuevo texto mantiene la prohibición para que empresas con capital extranjero adquieran tierras rurales y conserva la exigencia de contar con el aval de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso cuando se trate de zonas fronterizas.
La iniciativa también introduce cambios en la Ley de Tierras, las normas sobre desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones durante su tratamiento legislativo, entre ellas la eliminación del capítulo referido a la ley de barrios populares.
En materia de manejo del fuego, se mantiene la prohibición de modificar durante 60 años el uso de los bosques nativos afectados por incendios, tal como establece la legislación vigente desde 2020, aunque se habilita un cambio de destino para las tierras rurales.
Respecto de las ocupaciones ilegales, el proyecto establece un desalojo exprés con un plazo de tres días para abandonar el inmueble o terreno. En el caso de conflictos con inquilinos por falta de pago, el plazo previsto será de 10 días hábiles.
Otro de los ejes de la sesión será la aprobación de alrededor de 30 pliegos judiciales. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años, el próximo 27 de julio.
También se analizará la designación de Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, para ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora, que tendrá competencia sobre causas de alto impacto, entre ellas la que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
En la misma sesión, el oficialismo buscará convertir en ley la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas o sin vigencia debido a los cambios tecnológicos y normativos.
Entre las leyes que se pretende eliminar figura la Ley 20.120, sancionada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados a notificar previamente a las autoridades y habilita el ingreso de la policía. Según el Gobierno, esa disposición representa una restricción a la libertad personal.
Asimismo, el proyecto contempla la derogación de la Ley 20.983, de 1975, que establece la obligación para los medios de comunicación radiales y televisivos de destinar al menos 60 minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional.
