El fiscal jefe de Puerto Madryn, Álex Williams, confirmó anoche en «Sin Hilo» que el Ministerio Público Fiscal presentará una impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, luego de que la jueza de primera instancia Patricia Reyes absolviera a los empleados de la firma pesquera Conarpesa en el juicio por vertido clandestino de efluentes crudos al mar del Golfo Nuevo.
El fallo generó sorpresa en la Fiscalía, ya que la magistrada declaró nula la acusación por considerar que se violó el principio de congruencia. Según explicó Williams, la jueza entendió que en los alegatos de cierre se incorporó un elemento que no estaba en la acusación original: la hipótesis de cómo llegó el líquido contaminante a la cañería clandestina. “Eso no es así. Nosotros dijimos lo mismo desde el inicio. Está escrito en la acusación, que ya tiene dos años, y está respaldado por pericias de ingenieros de renombre internacional”, remarcó el fiscal.
El caso se originó en febrero de 2023, cuando personal de Ecología y Medio Ambiente detectó un caño clandestino conectado a la red troncal autorizada para descargas. De ese ducto, ubicado dentro del predio de la empresa, emanaba un líquido naranja con olor fétido, vinculado al procesamiento de langostino. Videos, fotografías y pericias de laboratorio confirmaron que el vertido era crudo y peligroso para la salud, distinto del que habitualmente pasa por los sistemas de tratamiento.
La acusación apuntaba a la gerenta ambiental y al jefe de planta, quienes –según chats incorporados a la causa– reconocían la imposibilidad de seguir derivando residuos al “bypass” tras el descubrimiento del caño. Para la fiscalía, este intercambio fue un indicio clave de responsabilidad directa.
Sin embargo, la jueza absolvió a los imputados al considerar que la fiscalía se apartó de su acusación inicial. Williams cuestionó esa interpretación y anunció que se buscará un nuevo debate oral con otro tribunal, incluso llegando a la Corte Suprema si fuera necesario.
El fiscal también advirtió sobre las limitaciones normativas que presenta la Ley 25.041, que regula el manejo de residuos peligrosos desde 1990. “Las sanciones económicas son irrisorias, de apenas doscientos pesos, totalmente desactualizadas. Por eso lo central es comprobar la materialidad del hecho y avanzar en la vía administrativa para exigir la remediación ambiental”, sostuvo.
Finalmente, Williams expresó su sorpresa por la escasa reacción social ante la sentencia, a pesar de tratarse de un episodio de contaminación en el Golfo Nuevo. “Estamos hablando de un impacto ambiental probado, con registros visuales y pericias. La temática amerita llegar hasta la máxima instancia judicial para que no quede impune”, concluyó.
