La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó este martes de forma pacífica la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicada en el barrio porteño de Núñez, en rechazo directo a los nuevos despidos en la CNEA que afectaron a cerca de 100 empleados contratados. La drástica medida de fuerza gremial derivó en el despliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional en los accesos del edificio, donde se registraron breves incidentes entre manifestantes y el personal de las fuerzas de seguridad federales.
Notificaciones internas y protestas en todo el país
Las cesantías masivas se implementaron sin anticipación alguna al personal involucrado ni aviso previo a las gerencias de área. Las y los trabajadores afectados, que representan aproximadamente el 20% de la planta de contratados, se fueron enterando de la rescisión de sus vínculos laborales a través de alertas del sistema informático interno del organismo. A medida que se confirmaban las bajas, el reclamo se concentró en la sede central y la protesta se extendió de manera simultánea hacia otras dependencias que la institución posee en distintos puntos de la Argentina.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió los detalles de la permanencia a través de sus redes sociales oficiales y ratificó que la ocupación se mantendrá de forma indefinida hasta obtener respuestas de las autoridades superiores. El sindicato denunció que el presidente de la institución, Martín Porro, no se presentó a dialogar con los delegados y afirmaron que el funcionario se encuentra «atrincherado por decisión propia».
Ajuste presupuestario y desfinanciamiento del sector nuclear
La diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, aportó un análisis estadístico pormenorizado respecto al trasfondo económico que encuadra los despidos en la CNEA. Según datos del Grupo EPC expuestos por la legisladora, el presupuesto total del organismo especializado registra a mayo de 2026 una caída real del 32,9% en comparación con los valores del año 2023.
El informe financiero detallado por la diputada expone la gravedad de la situación en el sector tecnológico:
- La inversión estatal en bienes de capital sufrió un desplome del 53,4% frente a 2023.
- Los salarios reales del sector acumulan una pérdida del 32,1% desde noviembre de 2023.
- La masa salarial global del organismo cayó un 42,5% respecto a los niveles de la gestión previa.
- La planta de personal ya se había reducido en 494 puestos antes de las recientes bajas, lo que equivale a una disminución del 12,1% de su dotación.
Alerta por el desarrollo científico y la soberanía energética
Desde el sector sindical calificaron los despidos en la CNEA como una «canallada» del Gobierno y advirtieron sobre las consecuencias estratégicas de la medida. ATE remarcó que las desvinculaciones golpean de lleno a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que cuenta con más de 10 años de antigüedad y que se encarga de sostener áreas críticas del desarrollo nuclear soberano. El gremio denunció que estas acciones configuran un intento deliberado de vaciar la institución para facilitar una futura privatización.
Aguiar invocó la vigencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual garantiza la estabilidad laboral en el empleo público, y advirtió que las autoridades que impulsan cesantías al margen de las leyes vigentes enfrentarán severas consecuencias judiciales. Asimismo, el sindicato recordó que la Argentina es uno de los tres únicos países del hemisferio sur que posee generación de electricidad de origen nuclear, una capacidad tecnológica instalada que hoy se encuentra bajo amenaza debido al proceso de ajuste.
El plan de reducción del empleo público nacional
Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó el rumbo oficial durante su habitual conferencia de prensa matutina. El funcionario confirmó que la estructura organizativa de la CNEA se contrajo un 57,83%, pasando de un esquema de 645 cargos a solamente 272. El Ejecutivo nacional encuadró los despidos en la CNEA dentro de un programa general de reducción sistemática de las dotaciones en la Administración Pública Nacional, el cual mantiene un ritmo cercano a las 3.000 bajas mensuales.
Según los datos oficiales aportados por la vocería, un total de 3.983 personas ya se acogieron a planes de retiro voluntario habilitados en diferentes entes nacionales, entre los que destacan el INTA, PAMI, INCAA, ANSES, Casa de la Moneda y Radio y Televisión Argentina (RTA). Ravier concluyó señalando que las autoridades superiores del Estado se redujeron en un 36% en comparación con la administración precedente, aplicando recortes del 50% en ministerios y del 45% en los cargos destinados a asesores políticos.
