El Ministerio Público Fiscal de Esquel difundió un documento en el que invita a reflexionar sobre una de las formas más complejas de la violencia de género: la violencia sexual dentro de la pareja. La publicación surge luego de que un jurado popular declarara culpable a un hombre por abusar sexualmente de quien era su pareja, acompañando la acusación presentada por la Fiscalía.
Desde el organismo judicial remarcaron que el debate público sobre la violencia de género suele centrarse en las agresiones físicas visibles o en los ataques cometidos por desconocidos, dejando en un segundo plano situaciones que ocurren en el ámbito privado y que involucran a personas con vínculos afectivos.
El consentimiento no siempre implica libertad
Uno de los principales ejes del documento es la diferencia entre consentimiento y voluntad. Según explicaron, consentir una relación sexual no siempre significa que exista un deseo libre y genuino, ya que muchas decisiones pueden estar condicionadas por relaciones de poder, presiones psicológicas, miedo o la intención de evitar conflictos.
En ese sentido, la Fiscalía advirtió que aún persisten mandatos culturales y estereotipos de género que presentan al hombre como un sujeto con un deseo sexual permanente y a la mujer como quien debe poner límites o satisfacer expectativas dentro de la relación.
«Muchas mujeres acceden a mantener relaciones sexuales no por deseo, sino por presión, para evitar discusiones o incluso por temor», señala el documento, al tiempo que advierte que estas situaciones pueden configurar un consentimiento viciado.
Una problemática atravesada por relaciones de poder
El análisis también plantea que las desigualdades estructurales dentro de las relaciones de pareja pueden afectar la libertad de decisión, por lo que el consentimiento debe analizarse en el contexto en el que se produce y no como un acto aislado.
Desde una perspectiva de género, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la violencia sexual puede manifestarse incluso dentro de relaciones estables, cuestionando antiguas concepciones vinculadas al denominado «deber conyugal», que históricamente limitaron el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Asimismo, advierte que responsabilizar a la víctima por no haber puesto límites claros contribuye a perpetuar estereotipos que terminan justificando o minimizando la violencia.
La Fiscalía recordó que los tratados internacionales de Derechos Humanos reconocen la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación que vulnera derechos fundamentales.
En ese marco, mencionó instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género con la debida diligencia.
La necesidad de un cambio cultural
El documento también pone el foco en el papel que cumplen el lenguaje, los estereotipos y las construcciones culturales en la reproducción de situaciones de violencia.
Según el Ministerio Público Fiscal, la utilización de expresiones peyorativas hacia las mujeres y la persistencia de modelos patriarcales continúan reforzando desigualdades que favorecen distintas formas de abuso y discriminación.
Por ello, sostienen que la erradicación de la violencia de género requiere mucho más que sanciones penales, ya que también implica transformar los patrones socioculturales que naturalizan relaciones desiguales entre varones y mujeres.
En ese sentido, recordaron que el artículo 5 de la CEDAW establece que los Estados deben impulsar cambios en los estereotipos y patrones culturales, con el objetivo de construir una sociedad basada en la igualdad y el respeto de los derechos de todas las personas.
