La investigación judicial que involucra a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara formalmente su citación a indagatoria por presuntas irregularidades en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.
El pedido fue elevado ante el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una causa que analiza la evolución patrimonial del funcionario durante el período comprendido entre 2023 y 2026.
Si bien la investigación contempla sospechas por presunto enriquecimiento ilícito, el planteo de la fiscalía se concentra principalmente en el delito de omisión maliciosa de información en declaraciones juradas, al considerar que existen indicios suficientes para avanzar en esa línea.
Uno de los elementos que la fiscalía considera clave es que Adorni habría desempeñado funciones vinculadas directamente con el control y la gestión de declaraciones juradas durante su paso por el Consejo de la Magistratura provincial. Por esa razón, los investigadores entienden que “no podía desconocer” los requisitos y obligaciones formales exigidos para este tipo de documentación patrimonial.
Rectificaciones tras el inicio de la causa
La situación judicial tomó relevancia el mes pasado, cuando Adorni presentó una rectificación de su declaración jurada luego de que se conociera la apertura de la investigación. En esa corrección informó la existencia de 21 millones de pesos provenientes de una herencia, fondos que previamente no figuraban en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Según la fiscalía, la revisión de los registros patrimoniales permitió detectar una cantidad inusual de modificaciones posteriores, que incluyeron la incorporación de bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y variaciones en la valuación de activos que no habían sido consignados originalmente.
De acuerdo con el expediente, cada una de las declaraciones juradas presentadas entre febrero de 2024 y enero de 2026 fue corregida al menos en dos oportunidades, y la mayoría de esas rectificaciones se produjeron una vez iniciada la investigación judicial.
Los fiscales sostienen que estas modificaciones sucesivas no constituyen simples errores administrativos, sino que podrían evidenciar un patrón de ocultamiento de información relevante.
Las inconsistencias detectadas
Entre los datos incorporados con posterioridad aparece la declaración de 24,5 millones de pesos en efectivo, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia, además de nuevas cuentas bancarias en pesos y dólares, instrumentos financieros y tarjetas de crédito tanto a nombre de Adorni como de su esposa.
La última rectificación presentada el 8 de junio de 2026 agregó nuevas cuentas y medios de pago que no habían sido informados en las declaraciones originales.
En total, la investigación identificó más de diez correcciones patrimoniales realizadas durante el avance de la auditoría judicial.
El crecimiento patrimonial bajo análisis
El expediente también pone el foco en la evolución de los bienes declarados por el funcionario.
Según la documentación analizada, durante 2024 Adorni informó inicialmente bienes por 43,79 millones de pesos y deudas por 130 millones. Sin embargo, al cierre de ese mismo año los bienes ascendían a 71 millones de pesos, mientras que las deudas se habían reducido a 60 millones.
Esto implica que, en apenas doce meses, su patrimonio declarado creció más de 27 millones de pesos y sus obligaciones financieras disminuyeron en aproximadamente 70 millones.
Además, la fiscalía observó diferencias significativas en las valuaciones informadas. Uno de los ejemplos señalados es un inmueble ubicado en City Bell, cuyo valor pasó de 77,5 millones de pesos a 130 millones, para luego ser corregido nuevamente y quedar en 105 millones de pesos.
También fueron incorporados de manera progresiva automotores, cuentas bancarias y otros activos que no figuraban en las presentaciones originales.
La acusación se encuentra encuadrada en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que presenten declaraciones juradas falsas o que omitan bienes y datos patrimoniales relevantes.
Para la fiscalía, las sucesivas rectificaciones, las diferencias detectadas en los montos declarados y la incorporación tardía de bienes y cuentas justifican avanzar con la instancia procesal de indagatoria.
