La Justicia Federal confirmó un nuevo revés judicial para Francisco Facundo Jones Huala. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó el pasado 11 de junio la ampliación de la imputación en su contra y también la prórroga de la prisión preventiva por otros 90 días, medida que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto.
La decisión del tribunal de alzada avaló lo resuelto previamente por el juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata, durante una audiencia en la que intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, encabezada de manera interina por el fiscal general Oscar Arrigo, junto a la fiscal coadyuvante Ángela Pagano Mata y el auxiliar fiscal Juan Cruz Ohet.
Al analizar los planteos de la defensa, los jueces Richar Gallego y Mariano Lozano consideraron que continúan vigentes los riesgos procesales que justifican la medida cautelar. Además, señalaron que la gravedad de los delitos investigados y la expectativa de una eventual condena permiten sostener la prisión preventiva dentro de los parámetros legales.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que la duración de la medida no excede los límites de proporcionalidad establecidos por el ordenamiento jurídico y advirtieron que, en caso de recaer una condena, esta sería de cumplimiento efectivo debido a los antecedentes penales del imputado.
La prisión preventiva de Jones Huala había sido dictada originalmente el 11 de junio de 2025, durante la audiencia de formalización de la investigación. Desde entonces, la medida fue renovada en distintas oportunidades.
La nueva imputación
Uno de los aspectos centrales de la resolución judicial está vinculado con la ampliación de la acusación impulsada por la fiscalía el pasado 22 de mayo.
Según la investigación, Jones Huala habría integrado desde enero de 2011 hasta la actualidad la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que se le atribuye como finalidad imponer sus ideas mediante el uso de la fuerza y generar temor en la población.
Por este motivo, se le imputó el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona la participación en agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas a través de la violencia o la intimidación. La pena prevista para esta figura oscila entre 3 y 8 años de prisión.
Pero la acusación no termina allí. En paralelo, la fiscalía también le atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, una conducta contemplada en el artículo 210 bis del Código Penal.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la organización tendría una estructura de tipo militar, desarrollaría actividades en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, y mantendría presuntos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), un grupo de similares características que opera en Chile.
