El martes tomó estado público una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn y la División Policial de Investigaciones (DPI) permitió detectar, tal como indicó Canal 12 previamente, cinco conexiones truchas de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad, tras una denuncia presentada por las autoridades de Servicoop.
El funcionario fiscal Gastón Alcucero brindó este miércoles detalles del procedimiento y explicó que la causa se inició a partir de una presentación realizada por el presidente de la cooperativa eléctrica, Esteban Abel, luego de que cuadrillas encargadas del control del tendido eléctrico detectaran presuntas irregularidades en varios domicilios.
«A partir de relevamientos realizados por personal de la cooperativa se advirtió que algunos domicilios presentaban posibles conexiones irregulares que no cumplían con las condiciones exigidas por el reglamento de conexión«, explicó Alcucero en conferencia.
Tras la denuncia, la Fiscalía trabajó en conjunto con la DPI para verificar la situación. Inicialmente se investigaron seis inmuebles y, luego de la intervención de personal técnico especializado de Servicoop, se confirmó que cinco de ellos estaban conectados de manera clandestina a la red eléctrica.
«El informe técnico fue contundente respecto de que cinco de los seis domicilios denunciados se encontraban en situación irregular«, sostuvo el funcionario judicial. Con esos elementos de prueba, la Fiscalía solicitó al juez penal de turno órdenes de allanamiento, las cuales fueron ejecutadas durante los últimos días.
Alcucero explicó que, desde el punto de vista jurídico, la conducta investigada encuadra en el delito de hurto de energía eléctrica. «La doctrina y la jurisprudencia han determinado que la energía eléctrica es un bien aprovechable. Por eso, quien se apodera ilegítimamente de ella incurre en la figura penal del hurto«, indicó.
La pena prevista para este delito es de entre un mes y dos años de prisión, aunque el funcionario aclaró que aún no existen imputaciones formales y que la situación procesal de cada involucrado dependerá del avance de la investigación.
«Estamos en una etapa preliminar. En los próximos días se solicitará la apertura formal de la investigación preparatoria y se garantizará el derecho de defensa de las personas involucradas«, agregó.
Comercios y viviendas particulares bajo investigación
La pesquisa reveló que entre los inmuebles inspeccionados no solo había viviendas particulares, sino también locales comerciales. «Surge de la investigación que algunos de los domicilios inspeccionados eran comercios«, confirmó Alcucero.
Los allanamientos se realizaron en distintos sectores de Puerto Madryn y no estuvieron concentrados en una zona específica. «Tenemos casos en la zona oeste, en el centro y en otros puntos de la ciudad. No se trata de una problemática focalizada en un único sector«, señaló.
Desde la Fiscalía remarcaron que este tipo de maniobras no solo constituyen una infracción administrativa y un posible delito penal, sino que además generan serios riesgos para quienes las realizan y para terceros.
«Estas conexiones son extremadamente peligrosas. Ponen en riesgo a quien las instala, a sus familias y también al resto de los vecinos«, advirtió Alcucero.
Asimismo, explicó que las conexiones clandestinas afectan la calidad del servicio eléctrico porque se incorporan consumos no previstos a una red diseñada bajo determinados parámetros técnicos.
«Perjudican a todos los usuarios porque son conexiones que no cuentan con estudios de factibilidad ni autorización de la cooperativa«, remarcó.
Cómo detectaron las irregularidades
Según detalló el funcionario fiscal, las conexiones fueron detectadas durante inspecciones de rutina realizadas por personal técnico de Servicoop.
«A simple vista muchas veces ya puede advertirse que una conexión es irregular. Luego se verifica si ese domicilio figura dentro del registro de usuarios habilitados y si cuenta con medidor y conexión reglamentaria«, explicó.
Las primeras observaciones permitieron advertir distintas modalidades de fraude: desde instalaciones sin medidor hasta conexiones directas tomadas desde las líneas de distribución eléctrica.
La causa será remitida ahora a una unidad fiscal especializada, donde se profundizarán las actuaciones y se determinarán las responsabilidades individuales.
Además, se analizará si existen antecedentes o posibles casos de reincidencia entre los involucrados, un aspecto que podría incidir en el desarrollo de la investigación y en eventuales sanciones judiciales.
