El Congreso de la Nación se prepara para una definición que podría alterar el mapa de las grandes inversiones en el país. El gobierno de Javier Milei busca acelerar el tratamiento del denominado «Súper RIGI», un régimen de incentivos fiscales y aduaneros diseñado de forma exclusiva para captar proyectos que superen los u$s1.000 millones en industrias innovadoras y de alta tecnología.
La iniciativa, que complementa las herramientas aprobadas en la Ley Bases de 2024, genera fuertes expectativas debido a que abarca sectores estratégicos como la infraestructura de datos, la producción de paneles solares y el desarrollo de parques eólicos.
A través de las autoridades de la Cámara de Diputados, encabezadas por Martín Menem, la gestión libertaria intenta que el debate no se desacelere. La meta del oficialismo es emitir dictamen esta misma semana o, a más tardar, el próximo 17 de junio, dejando el texto listo para ser votado en el recinto en una sesión proyectada para el 24 de junio.
El objetivo político de fondo es enviar la media sanción al Senado de inmediato para asegurar su conversión en ley antes del 20 de julio, fecha en que inicia el receso invernal y termina el Mundial 2026.
Qué cambia con el Súper RIGI respecto de su versión original
A diferencia del primer esquema de inversiones que concentró propuestas ligadas principalmente al gas, el petróleo y la minería tradicional, la nueva propuesta apunta a la reconversión tecnológica y energética. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, el esquema anterior ya acumula «entre 50 y 60 proyectos» con un piso potencial de inversión de hasta u$s138.000 millones, los cuales habrían generado «179.000 empleos» con un fuerte perfil exportador.
No obstante, esta versión potenciada amplía el horizonte hacia la economía del conocimiento y la transición energética. El articulado del proyecto detalla que los beneficios fiscales se enfocarán en nuevos desarrollos vinculados a la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura tecnológica compleja, tales como los grandes centros de datos (data centers), la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares y componentes para baterías de litio.
Por sus condiciones geográficas y climáticas, la Patagonia, y en particular la provincia de Chubut, se posicionan como escenarios naturales para la radicación de este tipo de emprendimientos de gran escala.
Para ingresar a este círculo de beneficios, las empresas deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y comprometer un desembolso mínimo de u$s1.000 millones, del cual deberán ejecutar obligatoriamente al menos el 20% durante los primeros dos años de vigencia. El marco regulatorio excluye explícitamente las ampliaciones de plantas operativas existentes, promoviendo de manera estricta la creación de nuevas industrias desde cero.
Modificaciones para proteger el compre local
A pesar del optimismo gubernamental, La Libertad Avanza no cuenta con los votos garantizados de forma automática y se encuentra abocada a ceder en algunos puntos del texto para destrabar el acompañamiento de las bancadas opositoras dialoguistas. «Estamos esperando que los bloques nos pasen el texto de sus propuestas para analizar una por una como hacemos siempre», admitió un diputado oficialista en declaraciones recopiladas por el portal iProfesional.
Uno de los ejes que genera mayor interés en los gobernadores e industrias es la posible incorporación de una cláusula de «compre nacional». Esta adición obligaría a las multinacionales beneficiadas a contratar una porción determinada de proveedores locales y regionales para sus cadenas de suministros.
De igual manera, se evalúa que la drástica reducción del Impuesto a las Ganancias —que pasaría del 25% al 15% para las firmas adheridas— quede estrictamente supeditada a que las corporaciones realicen inversiones comprobables en investigación, desarrollo y capacitación laboral dentro de los distritos donde se radiquen las obras.
Los votos en la Cámara Baja y el factor regional
El panorama para la aprobación del proyecto se presenta inicialmente favorable, considerando el precedente legislativo de la Ley Bases, donde el capítulo de inversiones obtuvo el aval de 134 diputados en su primera lectura y 147 votos positivos al ratificarse los cambios del Senado. El oficialismo confía en retener el respaldo orgánico del PRO, la Unión Cívica Radical y el bloque MID, sumado a fuerzas provinciales como Innovación Federal.
Sin embargo, las miradas están puestas en el bloque de Provincias Unidas, un espacio heterogéneo de 18 legisladores donde conviven distintas vertientes del federalismo interior y donde existen reparos sobre el alcance real de las exenciones impositivas en las arcas provinciales. Cabe destacar que, para que el Súper RIGI tenga plena vigencia territorial, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales deberán dictar leyes de adhesión expresa en cada jurisdicción.
Incentivos fiscales agresivos y libre disponibilidad de divisas
El marco de beneficios económicos propuesto por el Ministerio de Economía de la Nación contempla un esquema de amortización acelerada para el equipamiento industrial: un 60% durante el primer año y un 20% anual para los dos períodos subsiguientes. A esto se le añade la deducción ilimitada de quebrantos y la exención total de derechos de importación y exportación para todos los bienes de capital, insumos y repuestos tecnológicos necesarios para los proyectos.
En materia cambiaria, el texto propone una flexibilización gradual y profunda sobre la liquidación de divisas provenientes de las ventas al exterior. Las corporaciones podrán disponer libremente del 20% de los dólares generados durante el primer año, cifra que ascenderá al 40% en el segundo año, alcanzando una liberación total del 100% de las divisas a partir del tercer año de operaciones comerciales.
