Las cámaras empresarias CAPIP y CAFACh presentaron la semana pasada un pedido formal ante la Secretaría de Pesca, que conduce Diego Brandan, para que convoque a una Mesa Multisectorial que permita discutir alternativas frente al escenario que atraviesa la actividad pesquera en Chubut.
El planteo no es nuevo. Desde hace años distintos actores del sector vienen reclamando la declaración de la Emergencia Pesquera Provincial, una medida que consideran necesaria para afrontar el aumento de costos, la caída de rentabilidad y las dificultades que afectan tanto a empresas como a trabajadores.
Dentro de las propuestas elevadas al Gobierno provincial aparece además la posibilidad de analizar la reactivación de mecanismos de asistencia similares al Programa de Recupero del Sector Pesquero, una herramienta que fue implementada hace más de una década para sostener a una industria que entonces atravesaba una situación crítica.
Un antecedente que vuelve a escena
El programa fue creado en 2013 mediante la Ley IX N.º 108 y reglamentado posteriormente a través del Decreto 270/13. Su objetivo era claro: evitar el cierre de empresas, preservar fuentes laborales y sostener la actividad de plantas procesadoras y embarcaciones en un contexto económico adverso.
La iniciativa apuntaba principalmente a reducir la carga fiscal y los costos operativos que enfrentaban las compañías pesqueras. A cambio, las empresas debían asumir compromisos vinculados al mantenimiento del empleo y la continuidad de sus operaciones.
Por aquellos años, la provincia consideró que la pesca era una actividad estratégica para la economía regional y que resultaba necesario implementar medidas excepcionales para evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo.
Beneficios impositivos y alivio de costos
Uno de los aspectos más relevantes del programa fue el conjunto de beneficios económicos otorgados a las firmas que se incorporaban al régimen.
Entre las medidas figuraba la exención total del denominado impuesto del «8 por mil», una carga que impactaba directamente sobre las operaciones de las empresas pesqueras. También se eliminaba el impuesto provincial a los combustibles, equivalente al 2%, un punto especialmente sensible para una actividad donde el consumo de gasoil representa una parte importante de los costos.
A eso se sumaba la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la eliminación del canon de extracción pesquera, dos conceptos que permitían reducir significativamente la presión tributaria sobre el sector.
Pero los beneficios no terminaban ahí. El esquema contemplaba además una importante reducción en servicios portuarios administrados por la provincia. Algunas bonificaciones alcanzaban el 100% en conceptos vinculados a cargas destinadas a exportación, uso de balanzas, cámaras de transferencia y determinados servicios de estadía portuaria.
También se otorgaban descuentos del 50% en almacenaje y en consumos de agua y energía dentro de los puertos provinciales, dos rubros que tienen una fuerte incidencia en la estructura de costos de las empresas.
Empleo y actividad, las condiciones centrales
El acceso a estos beneficios no era automático. Las compañías debían demostrar dificultades económicas y cumplir una serie de requisitos establecidos por la provincia.
Entre las principales condiciones figuraban la preservación de los puestos de trabajo, el pago regular de salarios y aportes previsionales, además de la continuidad de la actividad productiva.
La normativa incluía mecanismos de control y contemplaba la pérdida de los beneficios para aquellas empresas que incumplieran obligaciones laborales, redujeran injustificadamente sus niveles de producción o avanzaran con despidos sin causa.
