El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada, confirmó que el organismo provincial inició un fuerte proceso de control sobre viviendas sociales adjudicadas que actualmente están alquiladas, en venta o convertidas en locales comerciales.
La medida tomó relevancia luego de que el IPV resolviera revocar la adjudicación de una vivienda entregada en 2021, tras detectar que la titular original nunca ocupó el inmueble, no abonó las cuotas correspondientes y además lo vendió a terceros.
“La adjudicataria prácticamente no ocupó la vivienda, no pagó y encima la vendió. Es todo irregular”, sostuvo Espada.
Desde el organismo provincial remarcaron que las casas entregadas a través de planes habitacionales del Estado tienen un destino específico: ser utilizadas como vivienda única y familiar.
Sin embargo, según explicó el funcionario esta mañana en Radio Chubut, durante los relevamientos detectaron numerosas irregularidades en distintos barrios de Chubut.
“Hay viviendas alquiladas, otras en venta y también casos donde hicieron comercios o ampliaciones con fines comerciales”, detalló.
Uno de los ejemplos mencionados ocurrió en Puerto Madryn, donde una vivienda social fue transformada en una panadería con varias sucursales comerciales.
“La persona pagó apenas el 7% de la vivienda y desarrolló un emprendimiento privado. Eso no se puede permitir”, afirmó.
El IPV avanza con intimaciones y acciones judiciales
Espada explicó que el área social del IPV realiza inspecciones periódicas para verificar quiénes habitan efectivamente las viviendas adjudicadas.
Cuando se detecta una irregularidad, el organismo inicia un proceso administrativo que incluye notificaciones e intimaciones. Si no hay regularización, el caso pasa a la Justicia.
“Estamos avanzando con desalojos y recupero de viviendas para adjudicarlas a familias que realmente las necesitan”, señaló.
Además, confirmó que las personas involucradas en maniobras irregulares quedarán inhabilitadas para acceder nuevamente a operatorias habitacionales del IPV.
El titular del Instituto aclaró que el organismo contempla situaciones complejas vinculadas a problemas laborales, económicos o de salud.
“Si una familia tiene dificultades para pagar, puede acercarse al IPV y buscar una refinanciación o una solución. Eso se atiende”, explicó.
Pero marcó una diferencia tajante con quienes utilizan viviendas sociales para obtener beneficios económicos.
“Vamos a ser inflexibles con quienes comercian con una vivienda del Estado”, remarcó.
