En los tribunales de Esquel comenzó este martes el juicio oral y público que busca determinar la responsabilidad penal de Héctor Gabriel Quilaqueo, acusado por el incendio rural que destruyó unas 70 hectáreas en la zona de Nahuelpan a comienzos de 2025.
Desde el inicio del debate, quedó en evidencia que el eje central del proceso judicial estará puesto en definir si el fuego fue provocado deliberadamente o si ocurrió como consecuencia de un accidente.
La acusación es impulsada por la fiscal María Bottini y el procurador fiscal Ismael Cerda, mientras que la defensa particular del imputado sostiene una postura completamente opuesta y denuncia una presunta persecución política.
El hecho investigado ocurrió el 26 de enero de 2025, alrededor de las 13:30 horas, en el lote irregular 4 de la fracción B, sección I-III, en la zona rural de Nahuelpan.
Las condiciones climáticas de aquella jornada jugaron un papel determinante en la propagación de las llamas. Según se expuso durante la audiencia, ese día se registraban temperaturas cercanas a los 27 grados y fuertes ráfagas de viento, un escenario ideal para que el fuego avanzara rápidamente.
El saldo del incendio fue grave: 70 hectáreas arrasadas, 1200 metros de alambrado destruidos y un peligro concreto para tres familias vecinas, cuyas viviendas y bienes quedaron amenazados por el avance de las llamas.
La fiscal Bottini remarcó durante su alegato que el daño no fue solamente patrimonial.
“No hablamos solo de daños materiales particulares, sino también de daño a un bien colectivo como el medio ambiente”, sostuvo, al recordar que la protección ambiental está contemplada tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial.
Durante la apertura del juicio, ambas partes coincidieron en una serie de hechos que ya se consideran probados dentro del expediente.
Está acreditado que Quilaqueo se encontraba en el lugar al momento del incendio y que sufrió graves quemaduras, lesiones que derivaron en su internación en terapia intensiva.
También se comprobó que, antes de iniciarse el fuego, el acusado tomó fotografías con su teléfono celular Samsung J2 a un vehículo que descargaba animales en la zona. Posteriormente, ya iniciado el incendio, volvió a capturar imágenes de las llamas.
Sin embargo, la discusión principal gira en torno a la intencionalidad del hecho.
La Fiscalía sostiene que Quilaqueo inició el fuego de manera deliberada para perjudicar a la familia Aguado, con quienes existiría un conflicto vecinal previo.
Según los investigadores, el acusado conocía perfectamente el riesgo que implicaba prender fuego bajo esas condiciones climáticas debido a su experiencia y conocimiento del lugar.
Además, los acusadores adelantaron que buscarán demostrar que no existía ninguna razón válida para encender fuego ese día.
Para respaldar esa hipótesis, durante el juicio declararán policías que participaron en el operativo, vecinos damnificados, testigos presenciales, especialistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y peritos informáticos e ígneos.
La defensa, por su parte, rechazó categóricamente la acusación y aseguró que el incendio fue accidental.
El abogado defensor sostuvo ante el tribunal que Quilaqueo jamás tuvo intención de provocar un incendio de semejante magnitud y afirmó que la principal víctima fue el propio imputado, debido a las graves quemaduras sufridas.
Además, lanzó una fuerte acusación al señalar que detrás del proceso judicial existiría una motivación política vinculada a la pertenencia del acusado a una comunidad originaria.
“Hay una persecución política”, planteó la defensa durante el inicio del juicio, remarcando además que la Fiscalía no podrá probar la intención de causar daño a los vecinos, aunque reconoció que existe un conflicto judicial previo entre las partes.
