Las representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, solicitaron al juez Alejandro Rosales la homologación del acuerdo de juicio abreviado contra Eliseo Gumersindo Notao (41), acusado como autor de los delitos de amenazas, lesiones leves agravadas por alevosía y desobediencia a una orden judicial. Según consta en la acusación pública, el 19 de julio de 2024, Notao ingresó a una vivienda ubicad sobre avenida 9 de julio entre las calles Ameghino y 28 de julio. Allí agredió físicamente al denunciante y le provocó lesiones leves. Por otra parte, los días 12, 13 y 24 de julio de 2025, Notao regresó al lugar del hecho, incumpliendo tres resoluciones, dictadas por dos jueces civiles. Esos mandatos judiciales imponían medidas de prohibición de contacto y acercamiento entre el acusado y el grupo familiar que reside en ese domicilio. En este marco, las partes propusieron que se le imponga al acusado la pena de 2 años y seis meses de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta. Para concluir, el magistrado indicó que analizará los casos presentados y en el plazo de cinco días emitirá la sentencia.
El acto judicial se realizó en la sala de audiencia n°1 de la oficia judicial. En la oportunidad, la procuradora Marisol Sandoval, la funcionaria Tamara Bernardi y la abogada Maira Ritter, presentaron los hechos investigados y los fundamentos de la causa. Después se refirieron a los medios de prueba testimoniales y documentales que obtuvieron durante la investigación.
Con respecto al acuerdo al que arribaron las partes y el acusado, Sandoval indicó que solicitarán que se le imponga a Notao la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Asimismo, propusieron que durante ese período el imputado debe fijar domicilio, presentarse ante el patronato de control de liberados y la imposición de la prohibición absoluta de contacto y acercamiento con una de las víctimas. Tampoco podrá abusar del consumo de bebidas alcohólicas y deberá someterse a un tratamiento psicológico.
A su turno, el acusado renunció su derecho a defenderse de las acusaciones en su contra mediante un juicio oral y público. En consecuencia, reconoció los hechos que se le imputaron, admitió su participación y aceptó la pena acordada entra la defensora pública Rosa Sánchez y el Ministerio Público Fiscal
