La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió anular la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán y dispuso la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días. La medida fue dictada por la Sala VIII del tribunal laboral a raíz de una causa impulsada por la Lista Naranja, que denunció anomalías en los comicios desarrollados entre el 2 y el 4 de marzo de 2026 en la seccional bonaerense de Campana.
En una resolución de fuerte impacto institucional para el sindicalismo con repercusión en todo el país, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso electoral no garantizó la transparencia ni la seguridad necesarias. Según los magistrados, se vulneraron los principios de democracia y libertad sindical respaldados por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los motivos de la intervención judicial de la UOM
El eje central que derivó en la intervención judicial de la UOM estuvo puesto en las falencias detectadas en el sistema de custodia de las urnas durante las tres jornadas que duró la votación en Campana. De acuerdo con el fallo judicial, las urnas permanecieron bajo el control exclusivo de la Junta Electoral seccional dentro de la propia sede del sindicato, sin que se realizaran escrutinios provisorios diarios ni se brindaran garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los sufragios.
El tribunal del trabajo remarcó en sus fundamentos que las elecciones gremiales deben llevarse a cabo en una sola jornada, salvo excepciones debidamente justificadas. Al extenderse el proceso por tres días, se requerían controles reforzados que no existieron; asimismo, los jueces calificaron como «inaceptable e irrazonable» que se invitara a los fiscales de la oposición a pernoctar dentro de la sede sindical para custodiar los votos.
Anulación nacional y reconfiguración del gremio metalúrgico
A raíz de estas consideraciones, la Justicia del Trabajo declaró la nulidad de los comicios en Campana, dejando sin efecto la designación de las autoridades de esa seccional y de los integrantes del Colegio Electoral. Esta situación golpeó directamente la validez de la elección general del pasado 18 de marzo, en la cual Abel Furlán había resultado ratificado al frente del sindicato metalúrgico. «Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional», sentenció la Cámara.
Como consecuencia directa de la nulidad, la Justicia ordenó el cese inmediato de toda la conducción nacional y dejó sin efecto las designaciones que las autoridades desplazadas realizaron desde su asunción. El plazo de 180 días de la intervención judicial de la UOM se utilizará para reorganizar el proceso institucional y convocar a nuevas elecciones bajo estrictos parámetros de control.
Repudio y reacción de sectores sindicales
La determinación de la Sala VIII generó inmediatas repercusiones en el arco gremial argentino. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó un duro rechazo a través de sus redes sociales, manifestando que no permitirán que la Justicia vulnere la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.
Aguiar transmitió su solidaridad hacia los afiliados metalúrgicos y hacia Abel Furlán, tras calificar la medida como un intento de disciplinar a los dirigentes que luchan. Mientras tanto, el sindicato metalúrgico deberá adecuarse al nuevo esquema administrativo dispuesto por los tribunales laborales.
