La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó una sanción económica contra la empresa Prisma Medios de Pago S.A.U., perteneciente a la multinacional Visa, luego de que un matrimonio de la ciudad atravesara una grave situación sanitaria durante un viaje al exterior sin recibir la asistencia contratada.
El fallo dejó firme la multa de 2 millones de pesos impuesta originalmente por la Oficina de Defensa del Consumidor y consideró acreditado que las empresas involucradas incumplieron con prestaciones esenciales previstas en el servicio de asistencia al viajero asociado a una tarjeta de crédito.
Todo comenzó cuando una pareja de comodorenses sufrió una urgencia médica mientras se encontraba fuera del país. Según quedó expuesto en el expediente, pese a los reiterados pedidos de ayuda y activación de la cobertura, las prestadoras no brindaron respuestas adecuadas ni oportunas, dejando al matrimonio en una situación crítica.
La resolución judicial señaló que los damnificados quedaron en un “estado de incertidumbre absoluta”, incompatible con las normas de protección al consumidor. Sin respaldo empresarial, debieron afrontar por cuenta propia gastos médicos de elevada magnitud para poder recibir atención sanitaria en el extranjero.
En la causa también quedaron involucradas AXA Assistance Argentina S.A., encargada de la prestación médica, y Banco Santander Argentina S.A., entidad emisora de la tarjeta de crédito vinculada al servicio.
Durante el proceso, Prisma intentó desligarse argumentando que no mantenía una relación contractual directa con los titulares de la tarjeta. Sin embargo, los jueces entendieron que las compañías forman parte de un “entramado negocial único” frente al consumidor, por lo que deben responder solidariamente por el incumplimiento.
En ese sentido, el tribunal aplicó el criterio previsto en el artículo 40 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece que toda la cadena de comercialización y prestación de servicios es responsable de garantizar el correcto funcionamiento de las prestaciones ofrecidas.
Además de confirmar la responsabilidad empresarial, la Cámara consideró que la multa aplicada resulta razonable y proporcional a la gravedad de los hechos. Para fundamentar el monto, los magistrados recordaron que la legislación vigente establece sanciones calculadas en relación con el valor de la Canasta Básica Total para un hogar tipo 3.
Según los valores tomados al momento de la consulta judicial, en marzo de 2026 la CBT ascendía a $1.112.710, mientras que la escala legal habilita multas desde media canasta básica hasta 2.100 canastas, es decir, desde poco más de $556 mil hasta más de $2.336 millones.
En ese contexto, los jueces remarcaron que los $2 millones impuestos se encuentran en el tramo más bajo de la escala, descartando así cualquier planteo de arbitrariedad o exceso.
