Konstantine Rudnev, el ciudadano ruso de 58 años acusado en una causa por trata de personas, ya se encuentra en la localidad bonaerense de San Vicente, donde comenzó a cumplir el régimen de prisión domiciliaria dispuesto por la Justicia.
En un video exclusivo obtenido por Diario Río Negro puede observarse al imputado dentro de la vivienda en la que deberá permanecer bajo estricta vigilancia electrónica. La medida se concretó tras más de un año de detención en la Unidad 6 de Rawson, un penal de máxima seguridad dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Según confirmaron fuentes judiciales, Rudnev tiene colocada una tobillera electrónica desde el pasado 14 de mayo. El monitoreo operativo quedó a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Polémica por el traslado terrestre y el estado de salud del acusado
El operativo de traslado desde Chubut hacia la provincia de Buenos Aires se convirtió en un nuevo foco de controversia. El recorrido, realizado por vía terrestre, demandó cerca de 24 horas de viaje.
La modalidad fue cuestionada por el entorno del acusado, que denunció riesgos graves para su salud. Su esposa, Tamara Rudneva, aseguró que el traslado “no debería haberse hecho por tierra” debido a las patologías que presenta el imputado, entre ellas fibrosis pulmonar progresiva, antecedentes cardiovasculares y una hernia inguinoescrotal derecha de gran tamaño.
De acuerdo con su versión, esta situación médica había sido informada formalmente al juez de la causa mediante un correo electrónico enviado la noche previa al operativo.
Durante los días previos se debatió judicialmente la posibilidad de realizar el traslado en avión. Incluso, la Policía Federal Argentina habría ofrecido una aeronave institucional, aunque finalmente las autoridades optaron por el traslado terrestre.
Las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria
El beneficio había sido dispuesto el pasado 23 de abril por el Tribunal de Impugnación del Distrito General Roca y quedó sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos.
Entre las condiciones impuestas por la Justicia se incluyeron la designación de garantes, la prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y el depósito de una caución económica, que fue efectivizado el 29 de abril.
La defensa insiste en que no existen pruebas
Mientras Rudnev se instala en Buenos Aires, su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Sarubbi, apunta al cierre definitivo de la causa al considerar que no existen elementos probatorios suficientes.
“A Konstantin lo están castigando sin una sola prueba real. No encontraron drogas, no encontraron víctimas y no encontraron hechos”, afirmó Tamara Rudneva.
Según indicó, los peritajes oficiales descartaron la existencia de sustancias ilegales y los medicamentos que inicialmente habían despertado sospechas no pertenecían al acusado.
El eje principal de la estrategia defensiva está centrado en la declaración de la supuesta damnificada. “La propia mujer declaró formalmente que no es víctima de nadie”, sostuvo la esposa del imputado.
En la misma línea, el abogado Sarubbi argumentó que en una causa por trata de personas la existencia de una víctima resulta indispensable. “No puede ignorarse una declaración judicial formal donde se niega la coerción, la explotación o la violencia”, remarcó.
El caso llegó a organismos internacionales
La situación judicial de Rudnev también tuvo repercusión internacional. En enero de 2026, la abogada parisina Patricia Duval presentó una solicitud de acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y ante cuatro Relatores Especiales.
En esa presentación, calificó la detención en Rawson como “arbitraria, inhumana y degradante”.
Además, en febrero de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió un pedido de medidas cautelares a favor del ciudadano ruso, expediente que actualmente permanece en etapa de evaluación.
Con Rudnev ya instalado en San Vicente bajo monitoreo electrónico, la causa entra ahora en una etapa clave. Mientras la defensa busca el sobreseimiento definitivo, la fiscalía federal avanza con el objetivo de elevar el expediente a juicio.
