El Gobierno nacional avanzará esta semana en la Cámara de Diputados con un proyecto que busca reformular el régimen de subsidios al gas y que tendría un fuerte impacto en distintas provincias del país.
La iniciativa plantea que el beneficio quede prácticamente limitado a la Patagonia, además de algunas regiones específicas como Malargüe, la Puna y sectores vulnerables alcanzados por subsidios focalizados.
El debate comenzará este miércoles en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, donde el oficialismo intentará conseguir dictamen para llevar la propuesta a una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo.
La modificación impulsada por La Libertad Avanza apunta a dejar atrás la ampliación del régimen de Zona Fría aprobada en 2021 y volver a un esquema concentrado en regiones consideradas de frío extremo, con especial énfasis en las provincias patagónicas.
De esta manera, la Patagonia volvería a convertirse en el núcleo central del beneficio tarifario, manteniendo el subsidio por sus condiciones climáticas y los elevados costos de calefacción durante gran parte del año. También continuarían alcanzadas las localidades de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.
El proyecto además contempla que puedan acceder al beneficio aquellos hogares incorporados al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a sectores vulnerables. Según el esquema oficial, podrán recibir la asistencia beneficiarios del ReNaBap, veteranos de Malvinas y familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas.
Con esta reforma, decenas de municipios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca y La Rioja quedarían fuera del régimen especial que actualmente reduce el costo de las tarifas de gas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca reducir el déficit fiscal y ordenar el sistema energético, argumentando que el actual esquema de subsidios genera desequilibrios financieros y problemas en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica, sino también socioeconómica”, señala el texto oficial, que defiende la necesidad de focalizar la asistencia estatal en regiones de temperaturas extremas y en usuarios con mayores dificultades económicas.
En paralelo, el proyecto también propone modificaciones en el esquema energético nacional, incluyendo mecanismos para regularizar deudas con CAMMESA y la extensión de beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045.
