Este martes, el Gobierno Nacional —a través de la cuenta oficial de Respuesta Oficial en X— confirmó que no ejecutará la Ley de Financiamiento Universitario. La administración central sostiene que la normativa sancionada por el Congreso infringe las leyes de administración financiera al no especificar el origen de los fondos, por lo que su aplicación efectiva queda supeditada a una decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto por el financiamiento universitario
Desde la Casa Rosada explicaron que la ley aprobada el año pasado se encuentra en «violación del artículo 38 de la Ley N° 24.156». Según el comunicado, toda norma que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe indicar taxativamente las fuentes de recursos. Al no cumplirse este requisito, el Ejecutivo considera que la ejecución de la norma nace suspendida bajo el marco de la Ley N° 24.629.
El impacto económico que estima el Gobierno para esta ley es de 1,9 billones de pesos. En este sentido, las autoridades nacionales recalcaron que la plena aplicación de dicha partida comprometería seriamente el «equilibrio de las cuentas públicas», un eje central de la gestión actual.
Situación judicial y recursos extraordinarios
Respecto al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno aclaró que la situación judicial del financiamiento universitario no ha concluido. Si bien existió una medida cautelar favorable a las universidades, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario el pasado 7 de mayo.
Esta concesión implica que la medida cautelar no se encuentra firme hasta que el máximo tribunal del país analice el fondo de la cuestión. «El Gobierno del Presidente Javier Milei acata las leyes vigentes y la decisión de la Sala III», enfatizaron desde la cuenta oficial, remarcando que el juez que otorgó la cautelar inicialmente reconoció esta instancia suspensiva.
