La discusión por la soberanía de Malvinas suele quedar atrapada en el plano diplomático y simbólico. Sin embargo, mientras los debates avanzan lentamente en los escritorios, en el mar ocurre algo mucho más concreto; un sistema organizado de explotación de recursos pesqueros que ya genera miles de millones y que compromete tanto el equilibrio ecológico del Atlántico Sur y la economía.
El tema tomó nuevo impulso tras el tratamiento en medios porteños de la investigación que hizo la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), que dirige el empresario chubutense Raúl ‘Tato’ Cereseto, quien viajó a las islas entre el 11 y el 18 de abril para relevar información en territorio y mantener reuniones con autoridades locales.
“Mientras Argentina discute la soberanía en los mapas, en Malvinas avanzaron con una ocupación efectiva del mar”, sintetizó Cereseto en diálogo con A TRES PUNTAS, marcando el eje de una problemática que, según explicó, se profundizó en los últimos años sin una respuesta proporcional del Estado argentino.
La investigación permitió confirmar la existencia de un modelo estructural basado en la entrega de licencias a las flotas extranjeras, que operan sobre especies migratorias originadas en el Mar Argentino. Este sistema, administrado bajo control británico, funciona con una lógica extractiva que prioriza la captura masiva por sobre cualquier desarrollo industrial local.
Los números son contundentes. De acuerdo a los últimos datos oficiales correspondientes a 2024, las capturas en aguas bajo control inglés alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los niveles más altos de la última década. Dentro de ese volumen, el Illex argentinus se destacó con 146.689 toneladas, uno de los principales recursos explotados.
La magnitud de estas cifras adquiere mayor dimensión cuando se las compara con los números argentinos. “Nosotros tenemos 5.100 kilómetros de costa, una zona económica extensísima y pescamos 800.000 toneladas con 48 millones de habitantes. Estos tienen 3.700 habitantes y un tercio”, observó el presidente de la FULASP
“Es un contraste que debería encender todas las alarmas. Hay una economía basada en recursos argentinos que hoy está siendo aprovechada por otros”, agregó Cereseto.
El sistema funciona a través de licencias anuales que se renuevan de manera constante. Solo por ese mecanismo, el “gobierno isleño” recauda aproximadamente 39 millones de libras esterlinas por año, lo que equivale a más de 50 millones de dólares. En términos globales, el esquema genera ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares anuales, representando entre el 65% y el 75% de la economía de las islas.
“La pesca es el corazón económico de Malvinas. Todo gira alrededor de ese recurso”, explicó el especialista.
Otro de los aspectos más cuestionados es la falta de desarrollo local. A diferencia del modelo argentino, el sistema en Malvinas es prácticamente extractivo en su totalidad. “Se trata de un modelo donde se vende la cuota, los barcos vienen, pescan y se llevan el recurso. No hay industria, no hay agregado de valor, no hay generación de empleo local significativo”.
De acuerdo con los datos relevados, el 70% de lo capturado se transfiere directamente en alta mar a los países de origen de las flotas, evitando incluso el paso por puertos. Un 10% se canaliza a través de Montevideo como nodo intermedio, mientras que apenas un 20% se descarga en las islas.
El informe también advierte sobre la fuerte presencia de flotas gallegas y asiáticas, lo que configura un escenario de doble discurso internacional, ya que varios de esos países reconocen formalmente la soberanía argentina pero, en la práctica, participan activamente del negocio pesquero bajo licencias británicas.
Otro punto es la dinámica que se genera en torno a la denominada Milla 201, una zona ubicada fuera de la jurisdicción argentina donde se concentra una de las mayores presiones pesqueras del mundo. Según el informe, muchos de los buques que operan bajo licencias en Malvinas también se desplazan hacia ese límite, donde desarrollan actividades intensivas e incluso realizan incursiones ilegales en la ZEEA.
“Es un sistema que no solo extrae recursos, sino que además genera una presión constante sobre el ecosistema y sobre la propia actividad pesquera argentina”, advirtió Raúl Cereseto.
En ese contexto, también se destacan las condiciones laborales dentro de parte de esa flota. La investigación menciona que entre 2013 y 2021 se registraron 59 tripulantes fallecidos en la región, lo que refleja un escenario de escasa fiscalización y altos riesgos en alta mar.
Desde el punto de vista ambiental, el panorama tampoco es alentador. El informe señala que la explotación intensiva, sin coordinación regional ni mecanismos de control compartidos, podría derivar en un colapso ecológico. Una de las señales más claras fue la suspensión de una temporada de pesca de calamar Loligo por falta de biomasa.
Además, se remarca que las principales especies explotadas —como la merluza común, el calamar Illex, la polaca o el bacalao de profundidad— son migratorias, lo que implica que su explotación en una zona impacta directamente en todo el ecosistema regional, incluyendo aguas argentinas.
Durante su paso por las Malvinas, Cereseto también mantuvo reuniones con autoridades isleñas, lo que le permitió confirmar de primera mano el funcionamiento del esquema. “Fuimos a entender cómo operan y nos encontramos con un sistema perfectamente organizado, con reglas claras para ellos, pero completamente ajeno a cualquier control argentino”, relató.
El dirigente empresario también puso el foco en la necesidad de replantear la estrategia nacional. “No hay mayor acto de soberanía que el uso efectivo del recurso. Y hoy el uso lo están haciendo otros”, insistió.
En ese sentido, planteó la necesidad de abrir un debate más profundo sobre el rol del mar en la economía argentina. “Tenemos que decidir si queremos seguir mirando el mar o empezar a vivir del mar. Porque ahí hay una oportunidad enorme que hoy no estamos aprovechando”, afirmó.
La FULASP, por su parte, anunció que impulsará en los próximos dpiuas una serie de acciones ante organismos nacionales e internacionales. Entre ellas, presentaciones ante la Subsecretaría de Ambiente por el riesgo ecológico, gestiones ante el MERCOSUR para abordar el impacto regional, reclamos diplomáticos ante Cancillería y pedidos ante la Unión Europea para revisar beneficios comerciales a productos provenientes de Malvinas.
Como resume Cereseto, “el problema no es solo quién reclama el territorio, sino quién lo explota todos los días”.
