El Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca ratificó este lunes 4 de mayo la morigeración de la prisión preventiva para K. R., el ciudadano ruso de 57 años imputado por presunta infracción a la Ley de Trata de Personas en San Carlos de Bariloche. El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, permitiendo que el acusado continúe bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La resolución judicial en General Roca
La controversia judicial se centró en la resolución del pasado 23 de abril, cuando se le concedió a Rudnev el beneficio de la detención domiciliaria tras haber permanecido más de un año alojado en la unidad de detención de Rawson. Los magistrados desestimaron la apelación de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, que consideraba la medida como «arbitraria».
En su fallo, los jueces subrayaron que la Ley de Trata de Personas y el proceso penal deben respetar la garantía universal de inocencia y que el arresto domiciliario no constituye una sentencia definitiva que impida el avance de la investigación. Asimismo, señalaron que la fiscalía no logró demostrar un «agravio de imposible reparación ulterior» para elevar el caso a la Cámara Federal de Casación Penal.
Condiciones del arresto domiciliario y fianza
Para mantener este beneficio, la defensa técnica de Rudnev, ejercida por el abogado Martin Luis Sarubbi, debió cumplir con estrictas medidas de seguridad y económicas:
- Uso de tobillera electrónica: para monitorear sus movimientos de forma constante.
- Fianza real: se fijó una suma de $30.000.000.
- Domicilio: el imputado fijó residencia en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.
Aunque el fiscal argumentó que existía riesgo de fuga y que la fianza era insuficiente dada la capacidad económica de la organización Ashram Shambala, el tribunal mantuvo la vigencia de la cautelar morigerada.
Antecedentes y situación de la causa
La investigación contra K. R. se inició el 28 de marzo de 2025, luego de una alerta del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche por presuntas anomalías en el entorno de una joven rusa de 22 años que acababa de dar a luz. Se lo acusa de cometer delitos contra la mujer embarazada bajo el marco de una red de captación.
Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos probatorios. Según la defensa, la presunta víctima declaró públicamente y ante la justicia que no fue víctima de trata. Por su parte, Sarubbi sostuvo que «no hay evidencia concreta que sostenga el delito» y que la reciente resolución ratifica la debilidad de la acusación fiscal. Mientras el expediente nro. 2878/2025 avanza, la Oficina Judicial de Bariloche ya ha sido notificada para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Impugnación.
