El presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, confirmó que el acuerdo con el SOMU está encaminado y podría firmarse en las próximas horas, lo que abre la puerta a la reactivación de toda la flota congeladora tangonera, si se tiene en cuenta que Conarpesa y Pescargen firmaron acuerdos particulares con sus tripulaciones y ya van por las segundas mareas.
El dirigente explicó que estaba viajando a Buenos Aires para terminar de cerrar los detalles de la suscripción del convenio, tras varios días de negociaciones intensas. “Se ha trabajado para que pueda concretarse rápidamente y estamos a la espera de eso”, sostuvo.
El entendimiento alcanzado no será meramente transitorio, sino que apunta a establecer una base más estable y previsible para la actividad, incorporando esquemas variables atados a los precios internacionales del langostino.
El acuerdo al que están arribando los gremios y las tres cámaras se basa en la misma propuesta presentada por estas en febrero pasado ante las autoridades laborales, que implica una reducción de los valores de producción del 22%, variable hasta el 0% en función del precio de exportación del langostino.
“Se buscó llevar esto a una cuestión de fondo que nos permita tener certezas todos los años”, explicó De la Fuente, al tiempo que remarcó que uno de los principales problemas del sector era trabajar con valores de referencia desactualizados.
En ese sentido, señaló que el nuevo esquema permitirá adaptar la actividad a distintos escenarios del mercado, brindando mayor seguridad tanto a empresas como a trabajadores.
Una vez firmado el acuerdo, el siguiente paso será la evaluación de las autoridades nacionales, especialmente de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, que deberán definir la apertura de aguas nacionales.
Además, se prevé la realización de una prospección previa para evaluar el estado del recurso, con informes técnicos del INIDEP que serán clave para habilitar la actividad.
“Todo el mundo va a solicitar que sea lo más rápido posible”, afirmó el titular de CAPIP, aunque aclaró que los tiempos también dependerán de la organización logística de la flota y las tripulaciones.
El dirigente subrayó la importancia de destrabar el conflicto, teniendo en cuenta que más de 100 barcos permanecen paralizados, lo que impacta directamente en la economía de los puertos y en el empleo.
“Hay una cuestión social muy fuerte detrás de la actividad pesquera”, remarcó, al tiempo que consideró que este acuerdo podría convertirse en un paso “emblemático” para el futuro del sector.
