La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la condena contra Facebook Argentina S.R.L. por incumplir una orden judicial vinculada a perfiles falsos que difundían contenido difamatorio contra una mujer y sus hijos menores.
El presidente de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, Guillermo Hansen, explicó por FM Del Viento que todo comenzó a partir de la existencia de una serie de cuentas falsas dentro de la red social.
“Se trataba de perfiles falsos que realizaban publicaciones ofensivas, injurias y difamaciones contra una persona y sus hijos menores”, indicó Hansen, al señalar que la damnificada inició una demanda en representación propia y de sus hijos, obteniendo inicialmente una resolución favorable.
Sin embargo, pese a la orden judicial para eliminar esos perfiles, Facebook Argentina incumplió la disposición, lo que derivó en una nueva demanda por daños y perjuicios.
Durante el proceso, la empresa argumentó que no tenía facultades para eliminar cuentas porque esa función dependía de otras sedes internacionales, particularmente Facebook Irlanda. “La postura era que cualquier reclamo debía dirigirse a Irlanda, algo que en la práctica implicaba negarle a un ciudadano común el acceso real a la Justicia”, explicó Hansen.
La Cámara rechazó ese planteo tras analizar documentación societaria. De acuerdo a lo que detalló el magistrado, Facebook Argentina está integrada por sociedades internacionales vinculadas directamente al funcionamiento de la plataforma, además de beneficiarse económicamente mediante la venta de publicidad.
“Si tienen capacidad para obtener ganancias y administrar comercialmente la red social en el país, también deben asumir responsabilidades sobre lo que ocurre dentro de ella”, sostuvo el juez.
A partir de esa interpretación, la Justicia concluyó que Facebook Argentina sí tenía legitimación y herramientas suficientes para intervenir y eliminar los perfiles denunciados.
Además de la indemnización económica, la sentencia incluyó una medida adicional: la obligación de publicar el fallo en medios de circulación masiva de Puerto Madryn, Mar del Plata y otra provincia vinculada al caso, con el objetivo de reparar el daño reputacional generado por la difusión de acusaciones falsas.
Finalmente, Hansen remarcó que el caso también abre una puerta para futuros reclamos similares. “Es importante darle al ciudadano común la posibilidad de defenderse sin tener que iniciar litigios internacionales imposibles de afrontar”, señaló.
