El Senado de la Nación Argentina abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios en los criterios de internación y en el abordaje de las adicciones.
El tratamiento comenzará a las 16.30 en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General. La primera se constituirá ese mismo día y designará autoridades, mientras que la segunda es presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez.
Un debate con posiciones encontradas
La propuesta oficial llega al Congreso con respaldo de familiares de personas con consumos problemáticos, quienes sostienen que la legislación vigente —sancionada en 2010— presenta limitaciones para abordar estos casos. En contraposición, sectores del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo por considerar que algunos cambios podrían afectar garantías individuales.
Adicciones como parte de la salud mental
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de las adicciones dentro del marco de la salud mental. El texto establece que el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales, debe ser abordado como parte integral de las políticas públicas en esta materia.
En ese sentido, se plantea que cada situación debe analizarse según la singularidad de la persona y la etapa del consumo, garantizando el respeto de derechos en el acceso a tratamientos y servicios de salud.
Cambios en los criterios de internación
El proyecto introduce modificaciones en las condiciones para las internaciones. Actualmente, la ley vigente solo permite internaciones involuntarias en casos de “riesgo cierto e inminente”. La iniciativa propone reemplazar ese criterio por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
De esta manera, se habilita la posibilidad de internaciones no voluntarias sin el consentimiento del paciente, siempre bajo fundamentos terapéuticos y como recurso excepcional.
Además, se establece que:
- La internación debe ser comunicada a un juez en un plazo de 24 horas.
- En las 48 horas posteriores deberá remitirse la documentación correspondiente.
- Se deberán garantizar los vínculos con familiares y el entorno social, salvo excepciones justificadas por el equipo de salud.
Mayor peso del enfoque médico
Otro de los cambios planteados es el refuerzo del rol médico en la toma de decisiones. Si bien se mantiene el abordaje interdisciplinario, el proyecto fija como obligatoria la participación de un médico psiquiatra en los equipos de atención.
Asimismo, otorga mayor incidencia a la evaluación médica en aspectos clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, en comparación con el esquema vigente.
