La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó de manera definitiva una sentencia histórica contra Facebook Argentina S.R.L., al considerarla responsable por los daños ocasionados a una abogada y a sus hijos menores de edad, en un caso que redefine los límites de la impunidad digital en el país.
El fallo, firmado por los camaristas Julián Jalil, Guillermo Hansen y Heraldo Fiordelisi, pone fin a un proceso judicial que se extendió durante ocho años y establece un precedente clave sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas internacionales en territorio argentino.
El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando la víctima detectó la existencia de perfiles falsos que usurpaban la identidad de sus hijos. En esas cuentas se difundían acusaciones gravísimas: se aseguraba falsamente que los menores habían sido secuestrados por su madre y su pareja, e incluso se instaba a otros usuarios a realizar denuncias penales.
Las publicaciones, que incluían fotografías de los niños y datos sensibles como el domicilio familiar y el jardín de infantes, se viralizaron en grupos regionales con miles de integrantes, generando una exposición masiva y peligrosa.
A pesar de que en junio de 2018 la Justicia ordenó el cierre inmediato de las cuentas, la empresa incumplió la medida durante casi dos años, manteniendo el contenido activo hasta enero de 2020. Para los jueces, esta conducta evidenció una “grave indiferencia” que agravó el daño sufrido por la familia.
Durante el proceso, Facebook Argentina intentó desligarse de responsabilidad al sostener que no operaba técnicamente la red social, argumentando que el control correspondía a empresas radicadas en el exterior. Sin embargo, la Justicia rechazó esa postura y determinó que la filial local es un actor clave en el funcionamiento económico del servicio, por lo que debe responder ante los usuarios argentinos.
El fallo también puso el foco en el impacto emocional y social del caso. Testimonios acreditaron que las acusaciones falsas afectaron la reputación de la mujer en su entorno laboral, mientras que pericias psicológicas confirmaron que sufrió estrés, angustia, insomnio y temor constante por la seguridad de sus hijos.
En cuanto a los menores, los magistrados consideraron que se vulneraron sus derechos a la identidad, la imagen y la intimidad, al exponerlos públicamente ante miles de personas.
Como parte de la sentencia, además de la indemnización correspondiente, se ordenó a la empresa publicar el fallo en medios de comunicación de distintas ciudades, con el objetivo de reparar el daño y restituir el honor de las víctimas.
Con la denegación de los últimos recursos en abril de 2026, la condena quedó firme y obliga a la compañía a cumplir íntegramente con lo dispuesto por la Justicia.
