Tras la causa por presunta extorsión contra el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, la Justicia resolvió la apertura formal de la investigación días atrás, habilitando a la Fiscalía a profundizar las medidas probatorias y avanzar en el proceso judicial.
La fiscal Ivana Berazategui confirmó este viernes en FM Del Viento que la decisión fue adoptada luego de que la jueza interviniente rechazara todos los planteos presentados por la defensa, incluidos pedidos de nulidad y de sobreseimiento. “Se hizo la apertura de investigación y se rechazaron todos los planteos”, señaló la funcionaria judicial, remarcando la solidez del pedido fiscal.
Este avance permite a la Fiscalía realizar diligencias que requieren autorización judicial, además de garantizar la participación de las partes en cada instancia del proceso. A partir de ahora, la defensa deberá ser notificada de todas las medidas, lo que introduce una nueva dinámica en la investigación.
Uno de los aspectos centrales es que el denunciante ya inició el trámite para constituirse como querellante, lo que le permitirá intervenir activamente en el expediente. Si bien resta una audiencia formal para su confirmación, desde la Fiscalía indicaron que se trata mayormente de un paso técnico.
En cuanto a la situación de los imputados, entre ellos un ex empresario pesquero y un ex policía federal, por el momento no se dispusieron medidas cautelares, como restricciones de movimiento o embargos. Según explicó Berazategui, no existen elementos que indiquen riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, por lo que continuarán en libertad mientras avanza el proceso.
Sin embargo, la apertura de la investigación habilita ahora una etapa clave: los peritajes sobre dispositivos electrónicos y otros elementos secuestrados, que podrían aportar pruebas determinantes para esclarecer los hechos denunciados. “Es justamente lo que debemos realizar ahora y para eso necesitamos autorización jurisdiccional”, explicó la fiscal.
La causa se originó tras la denuncia presentada por el intendente, quien aseguró haber sido víctima de extorsión y amenazas, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal. Con esta resolución, el expediente entra en una fase más activa, en la que se buscará reunir evidencia concreta para determinar responsabilidades.
