A poco más de 24 horas del hecho, la investigación por el sanguinario doble crimen en Comodoro Rivadavia avanza en medio de un escenario complejo, de históricos enfrentamientos entre bandas familiares, vendettas y un entramado que, según las declaraciones del propio Ignacio Torres, podría incluir niveles de connivencia política.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró este jueves en FM Del Viento que el caso se encuentra bajo una “línea de investigación sólida”, aunque evitó dar detalles para no entorpecer el trabajo judicial. “Conocemos los grupos en pugna, los motivos y las dinámicas. Ahora buscamos evidencia concreta para detener a los responsables”, explicó.
No obstante, advirtió que centrarse únicamente en este hecho sería un error: “Si nos detenemos solo en este homicidio, vamos a generar nuevas vendettas”, señaló, en referencia a la lógica de violencia que domina estos conflictos. Vale señalar que en el miércoles a la madrugada los jóvenes Sofía Asencio y Rodrigo Nieves fueron brutalmente atacado a tiros dentro de un auto en el barrio Pueyrredón. Nieves formaba parte de un clan familiar con amplios antecedentes por múltiples homicidios y robos.
Una historia de sangre que se remonta a 2005
De acuerdo con Iturrioz, los antecedentes son contundentes. El primer homicidio vinculado a estos grupos data de 2005, y desde entonces se acumulan entre 15 y 20 asesinatos, además de múltiples intentos.
Las disputas comenzaron por usurpaciones violentas de viviendas, una práctica que, según relató, consistía en ingresar a tiros a casas ocupadas, expulsar a sus dueños y quedarse con la propiedad. Con el tiempo, el conflicto derivó en enfrentamientos ligados al narcotráfico y control territorial.
“La cantidad de homicidios vinculados a esta familia es increíble”, afirmó el ministro, quien además reveló que estos grupos han sido beneficiarios de subsidios estatales millonarios, lo que abre interrogantes sobre posibles niveles de protección política.
Connivencia y estructuras mafiosas
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la posible relación entre estas bandas y sectores del poder político. Si bien Iturrioz evitó afirmaciones categóricas, fue contundente: “No puedo descartar esa connivencia”.
En ese sentido, cuestionó que durante años estas organizaciones hayan operado con “paraguas de protección”, lo que habría permitido su expansión y consolidación como estructuras de tipo mafioso.
La posibilidad de represalias es alta, ya que estos grupos no suelen recurrir a la justicia y optan por venganzas directas.
Casos como el de Anahí Tamara Copa, una joven madre asesinada en medio de un tiroteo entre bandas, reflejan el impacto colateral de estos conflictos. “En el camino queda gente inocente”, lamentó el ministro.
Un sistema bajo presión
Iturrioz también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, señalando casos en los que penas por homicidio se redujeron drásticamente, generando sensación de impunidad.
“Un homicida terminó cumpliendo solo seis años. Eso desnaturaliza el sistema”, afirmó, y advirtió que este tipo de situaciones alimenta la violencia y la reincidencia.
Pese al hermetismo, el funcionario se mostró optimista: “Creo que estamos cerca de los responsables”, indicó, aunque aclaró que la confirmación dependerá del fiscal a cargo.
Mientras tanto, la investigación continúa con intensa actividad policial y judicial, en un intento por no solo esclarecer el doble crimen, sino también desarticular una red criminal que lleva décadas operando en la región.
