Integrantes del Ministerio Público Fiscal llevaron adelante una charla informativa destinada a equipos directivos y docentes de Puerto Madryn, con el objetivo de abordar las amenazas escolares difundidas en redes sociales y sus posibles consecuencias penales en menores de edad.
La actividad surgió a partir de un fenómeno que se replicó en distintos puntos del país. Un reto viral difundido en TikTok que incentivaba a estudiantes a escribir mensajes en baños escolares anunciando supuestos tiroteos. Lejos de tratarse de casos aislados, la situación alcanzó a al menos cinco establecimientos educativos de Puerto Madryn y tuvo eco en ciudades como Trelew, Rawson y Esquel.
Frente a este escenario, la Fiscalía decidió intervenir desde un enfoque preventivo. “La idea es transmitir que una broma no siempre es una broma”, remarcaron durante el encuentro, subrayando que este tipo de conductas puede derivar en consecuencias legales concretas.
La charla tuvo como eje central brindar herramientas claras a los docentes sobre cómo actuar ante estas situaciones, además de explicar cuál es el rol de la Justicia Penal cuando se detectan este tipo de amenazas.
Cambios en la ley
Uno de los puntos más relevantes fue la exposición de la funcionaria fiscal Melina Leiva, quien explicó la reciente reforma del Código Penal vinculada al régimen de inimputabilidad.
A partir de su entrada en vigencia en septiembre, adolescentes desde los 14 años podrán ser considerados penalmente responsables por la comisión de delitos, lo que marca un cambio significativo en el abordaje de estas conductas.
Del “chiste” al delito
Durante la jornada también se analizaron las figuras legales que podrían aplicarse en estos casos, como “intimidación pública” y “amenazas anónimas”, delitos que pueden configurarse incluso cuando no existe una intención real de concretar el hecho.
El mensaje fue claro: lo que comienza como una aparente broma en redes sociales puede escalar a una causa penal, especialmente en un contexto donde este tipo de contenidos se viraliza rápidamente y genera alarma social.
La actividad permitió además fortalecer la articulación entre la Justicia y las instituciones educativas, generando un espacio de intercambio donde se compartieron experiencias y se establecieron pautas.
En ese sentido, se destacó la importancia de la intervención temprana, el acompañamiento de las familias y el compromiso de los distintos organismos del Estado para prevenir este tipo de situaciones.
