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«No es una travesura, es un delito», dijo Diego Williams sobre la amenaza a la Escuela de Pesca

El jefe de la Unidad Regional, comisario Diego Williams, confirmó que no se hallaron armas en los operativos, pero sí celulares que serán peritados. Advirtió por el aumento de amenazas en escuelas.

El comisario Diego Williams, jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, brindó detalles sobre los allanamientos realizados este lunes por la mañana en la ciudad en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego contra la Escuela de Pesca y remarcó la gravedad de este tipo de hechos.

En diálogo con Activemos, por FM del Viento, el funcionario explicó que los procedimientos se concentraron en horas tempranas y estuvieron a cargo de la División Policial de Investigaciones.

"No es una travesura, es un delito", dijo Diego Williams sobre la amenaza a la Escuela de Pesca
Diego Williams.

“Se incautaron celulares, pero no se encontraron armas”

Williams precisó que los operativos se llevaron adelante tras una denuncia radicada el viernes por directivos del establecimiento educativo. “Se señalaba que un alumno, a través de un grupo de WhatsApp, exhibía un arma de fuego y amenazaba con utilizarla”, indicó.

A partir de esa presentación, se inició una investigación que derivó en dos allanamientos realizados en domicilios de la ciudad. “Se incautaron teléfonos celulares, no se hallaron armas de fuego. Ahora resta realizar las pericias para determinar si desde esos dispositivos se efectuaron las amenazas denunciadas”, sostuvo.

Aumento de amenazas en escuelas

El jefe policial advirtió que durante la última semana se registró un incremento de intervenciones vinculadas a intimidaciones en instituciones educativas. “Tuvimos numerosas denuncias en distintas comisarías y muchas de ellas implicaron actuaciones directas en escuelas”, señaló.

Entre los casos, mencionó amenazas escritas en baños que aludían a posibles tiroteos, así como advertencias de bomba que obligaron a activar protocolos de evacuación. “Esto demanda recursos humanos y materiales, además del desalojo de los establecimientos”, explicó.

“No es una broma, es intimidación pública”

Williams fue enfático al remarcar que este tipo de hechos no deben ser minimizados. “No se trata de una simple travesura. Es un delito de intimidación pública, con consecuencias penales”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que, aun cuando se presuma que puede tratarse de una falsa alarma, la Policía debe actuar bajo protocolo. “Cada denuncia implica movilizar personal, intervenir con especialistas y garantizar la seguridad”, agregó.

Refuerzo de la presencia policial

Consultado sobre las medidas preventivas, el comisario indicó que se reforzó la presencia policial en establecimientos educativos. “En Puerto Madryn contamos desde hace tiempo con corredores escolares, y tras estos hechos se incrementó la cobertura en aquellos lugares donde no llegaban”, detalló.

Allanamientos por amenazas con arma de fuego contra la Escuela de Pesca de Madryn: secuestraron celulares y no hubo demorados
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Asimismo, aclaró que la presencia policial se concentra en el exterior de las instituciones y que el ingreso a los edificios se realiza únicamente ante requerimientos de autoridades escolares.

La investigación por las amenazas contra la Escuela de Pesca continúa en curso, mientras se analizan los dispositivos secuestrados para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El encuadre legal de las amenazas

Según detalla el Ministerio Público Fiscal de Chubut, los hechos bajo investigación se tipifican dentro del delito de amenazas, contemplado en el Código Penal Argentino, que castiga a quien amedrenta a otra persona con el propósito de infundir miedo o influir en su conducta. Cuando estas intimidaciones incluyen el uso de armas o provocan alarma social —como sucede en ámbitos educativos— su nivel de gravedad aumenta y puede derivar en sanciones penales más estrictas.

Desde el Ministerio Público Fiscal se enfatizó que, incluso si estas situaciones surgen en contextos juveniles o son presentadas como supuestas “bromas”, se trata de conductas delictivas que implican la intervención y el despliegue de recursos estatales.

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