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El Gobierno busca frenar la Ley de Financiamiento Universitario

La administración de Javier Milei presentó un recurso judicial para suspender la norma aprobada por el Congreso.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa por el financiamiento educativo al presentar un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, en una estrategia que podría escalar hasta la Corte Suprema.

Si el tribunal acepta el planteo del oficialismo, el caso será elevado al máximo tribunal, aunque no descartan avanzar con un recurso en queja en caso de un fallo adverso. La decisión refleja dos líneas de acción claras dentro del Gobierno, centradas tanto en el plano judicial como en el manejo de los recursos.

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Por un lado, la Casa Rosada evalúa no transferir fondos a las universidades públicas hasta que se expida la Justicia, bajo el argumento de que la ley sancionada sería inconstitucional por no especificar el origen de los recursos necesarios para su implementación.

En paralelo, desde el Ejecutivo relativizan el impacto fiscal de la medida, aunque reconocen cifras significativas. El costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, lo que abre interrogantes sobre posibles recortes en otras áreas. “No hay escenario de déficit, pero hay que ver de dónde se va a sacar la plata”, deslizan desde el entorno oficial, mencionando alternativas como la obra pública o transferencias a provincias.

El Gobierno busca frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Mientras tanto, el oficialismo anticipó que trabajará en una nueva ley de financiamiento universitario, aunque por el momento no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para garantizar su aprobación.

Del otro lado, el sistema universitario nacional encendió las alarmas. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, lo que agrava el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue contundente: “La situación es extremadamente crítica”, y adelantó que, de no haber respuestas, podrían convocar nuevamente a la sociedad. “Si no se respeta lo que ordenó la Justicia, vamos a volver a llamar a la ciudadanía”, advirtió.

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Los sospechosos pertenecerían a Metrogas. Además, advirtió que no se habría activado el sistema local de emergencia y cuestionó el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

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