El caso por la destrucción de la colonia de pingüinos en Punta Tombo entra en su etapa decisiva. El próximo martes 21 de abril, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut (STJ) llevará adelante la audiencia final de revisión, en lo que constituye la última instancia del proceso judicial.
La fiscal general Florencia Gómez, quien encabeza la investigación, explicó este jueves a Canal 12 que en esta audiencia los ministros del tribunal escucharán a las partes técnicas y luego definirán si ratifican la condena ya confirmada en instancias anteriores.
Una causa con condena firme
El expediente llega a esta instancia tras un extenso recorrido judicial de más de tres años, en el que seis jueces ya avalaron la responsabilidad penal del imputado. La sentencia vigente establece una pena de tres años de ejecución condicional, junto a reglas de conducta vinculadas al daño causado.
Desde la Fiscalía y las querellas, el objetivo es claro: que la condena quede firme en todos sus términos y siente un precedente judicial contundente.
“Lo más importante es la jurisprudencia, porque esto es un antes y un después”, sostuvo Gómez, al remarcar el alcance del caso.
Durante el proceso, quedó acreditado un impacto ambiental severo en una de las principales áreas de reproducción del pingüino de Magallanes. Según las pericias, más de 200 ejemplares resultaron afectados y al menos 175 nidos fueron destruidos.
Además, se determinó la existencia de tres caminos ilegales, desmontes y alteraciones del terreno, que provocaron la destrucción de más de 2.000 metros cuadrados de zona de nidificación.
Uno de los aspectos más graves es que, de acuerdo a los informes técnicos, hay sectores que son directamente irrecuperables desde el punto de vista ambiental.
Un precedente inédito
La fiscal destacó que se trata de un caso sin precedentes en América Latina, tanto por su enfoque en delitos ambientales como por la incorporación de la figura de crueldad hacia animales silvestres.
La investigación incluyó herramientas innovadoras, como el uso de imágenes satelitales, que permitieron reconstruir con precisión la magnitud del daño.
A partir del caso, el Gobierno de Chubut avanzó en medidas concretas: se amplió el área de protección del pingüino de Magallanes, incorporando sectores como Punta Clara al esquema de conservación, bajo control estatal.
La resolución del Superior Tribunal no solo definirá la situación del imputado, sino que también podría consolidar un criterio firme en materia de protección penal del ambiente en Argentina.
