Finalmente la Legislatura del Chubut sancionó este jueves la nueva ley que prohíbe de manera expresa el uso y la tenencia de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles por parte de personas privadas de libertad en establecimientos de detención de la provincia.
La norma buscará reforzar los controles de seguridad dentro del sistema penitenciario, evitando el uso clandestino de dispositivos que puedan facilitar delitos o comunicaciones no autorizadas, aunque al mismo tiempo garantiza el derecho de los detenidos a comunicarse con familiares y defensores mediante sistemas institucionales controlados.
A continuación, los principales puntos de la ley aprobada.
1. Prohibición total de celulares y dispositivos móviles
La ley establece la prohibición absoluta de ingreso, tenencia, posesión o uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de los lugares de detención de jurisdicción provincial.
La medida incluye cualquier dispositivo capaz de transmitir datos o comunicaciones, como:
- celulares y smartphones
- tablets
- notebooks o computadoras portátiles
- módems portátiles
- routers o hotspots
- relojes inteligentes con conectividad
- consolas u otros dispositivos con acceso a internet o redes
También queda prohibido poseer partes, accesorios o elementos que faciliten el funcionamiento de estos equipos.
2. Alcance de la norma
La ley se aplicará en todos los espacios donde haya personas privadas de libertad en la provincia, entre ellos:
- establecimientos penitenciarios
- unidades carcelarias
- alcaidías
- comisarías
- centros de detención transitoria
Además, también alcanza a detenidos por causas provinciales alojados en cárceles federales u otros establecimientos penitenciarios.
3. Secuestro inmediato de dispositivos
Cuando se detecte un dispositivo prohibido, las autoridades deberán secuestrarlo de forma inmediata y labrar un acta detallada que incluya:
- lugar del hallazgo
- fecha y circunstancias
- personal interviniente
Si se presume que hubo comisión de un delito, el caso deberá ser notificado al Ministerio Público Fiscal y al juez correspondiente.
4. Controles obligatorios en las unidades
La ley establece que las autoridades de cada establecimiento deberán implementar controles permanentes para evitar el ingreso y circulación de dispositivos electrónicos prohibidos.
El organismo de aplicación definirá estándares mínimos de control y realizará auditorías periódicas para verificar el cumplimiento.
5. Derecho a la comunicación garantizado
Aunque se prohíben los celulares, la ley dispone que los detenidos deberán contar con un sistema de comunicación institucional para hablar con familiares o abogados.
Para ello, cada establecimiento deberá disponer de teléfonos fijos o sistemas de comunicación VoIP administrados por la institución.
Además, se deberá garantizar un esquema de turnos y horarios que permita un acceso regular al servicio.
6. Comunicaciones solo por voz
Uno de los puntos centrales de la ley establece que las terminales institucionales solo podrán utilizarse para llamadas de voz.
Por lo tanto, queda expresamente prohibido que estos sistemas permitan:
- acceso a internet
- navegación web
- uso de redes sociales
- mensajería instantánea
- correos electrónicos
- videollamadas
- intercambio de archivos
Las autoridades deberán configurar los equipos en modo “solo voz” para evitar cualquier otro tipo de comunicación digital.
7. Protección de la privacidad
La ley también establece que las comunicaciones telefónicas no podrán ser escuchadas ni registradas sin una orden judicial.
En el caso de las llamadas con defensores, organismos judiciales o entes de control, se deberá garantizar confidencialidad absoluta, aunque se mantengan controles externos de seguridad.
8. Posible instalación de inhibidores de señal
Para evitar comunicaciones clandestinas, la norma habilita al Estado provincial a instalar sistemas técnicos que bloqueen o controlen señales móviles dentro de los establecimientos.
Sin embargo, estos sistemas deberán cumplir ciertas condiciones:
- no afectar redes externas ni zonas cercanas
- contar con autorizaciones técnicas nacionales
- tener mecanismos de apagado inmediato ante interferencias
9. Redes internas para educación y trabajo
La ley permite que se instalen redes alámbricas internas supervisadas para programas educativos, capacitación laboral o tareas administrativas, siempre bajo control institucional.
10. Sanciones disciplinarias
La posesión o uso de celulares por parte de detenidos será considerada una falta grave dentro del régimen disciplinario penitenciario.
Además, el personal policial o penitenciario que facilite o permita el uso de estos dispositivos podrá enfrentar sanciones administrativas y penales.
11. Autoridad de aplicación
La ley establece que la autoridad encargada de implementar la norma será el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut.
Este organismo deberá coordinar con autoridades nacionales y empresas de telecomunicaciones para aplicar los controles técnicos necesarios.
12. Plazo para la reglamentación
El Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley y poner en marcha su implementación gradual, incluyendo las adecuaciones presupuestarias necesarias.
